La política fiscal del país podría entrar en un terreno inédito. Esta semana, el presidente Gustavo Petro solicitó a su ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, que interponga una demanda de inconstitucionalidad contra el presupuesto nacional para 2025, argumentando que su estructura actual favorece a los sectores de mayores ingresos.
La declaración, dada durante un consejo de ministros, fue tan directa como polémica. El mandatario señaló que el decreto de liquidación del presupuesto, expedido luego de que el Congreso no aprobara el proyecto de ley, se convirtió en una herramienta para transferir recursos públicos a quienes menos los necesitan. “Está prohibido por la Constitución crear subsidios para los ricos”, dijo.
Pero la gran pregunta es: ¿qué viene ahora? Si el Ministerio de Hacienda acata la instrucción y radica la demanda ante la Corte Constitucional, se abriría un proceso jurídico que podría extenderse por meses y que pondría bajo la lupa uno de los instrumentos más sensibles de la administración pública.
Por un lado, la Corte tendría que decidir si admite el caso, para luego analizar si realmente existe una violación a los principios de equidad, progresividad y redistribución del gasto que ordena la Carta Magna.
En ese escenario, el presupuesto completo podría ser suspendido, modificado o incluso anulado en ciertas partidas, lo que afectaría de inmediato la ejecución de programas gubernamentales.
Por otro lado, si la Corte no encuentra mérito para revisar la norma, el mensaje político de Petro quedaría como una advertencia simbólica, pero sin efectos concretos.
Sin embargo, incluso en ese caso, la solicitud ya abrió un debate sobre el destino de los recursos públicos y el alcance de los subsidios indirectos a grandes grupos económicos.
El contexto fiscal agrega presión. El presupuesto de 511 billones de pesos ya fue recortado en 12 billones por decreto, y centros de análisis como Fedesarrollo sugieren que el Gobierno debería hacer un ajuste adicional de al menos 27,6 billones, para evitar un aumento del déficit que, en 2024, cerró en 6,8 % del PIB.
En el Congreso, algunos legisladores han interpretado la solicitud presidencial como una jugada para reconfigurar las prioridades del gasto desde la Corte Constitucional, saltando al Legislativo. Otros la ven como una forma de presión para acelerar reformas estructurales pendientes, como la reforma pensional o una eventual tributaria.
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha confirmado si presentará la demanda, aunque se espera que en los próximos días haya pronunciamiento oficial. Entre tanto, la ejecución del presupuesto sigue en pie bajo el decreto vigente, mientras el país espera si habrá una nueva pelea jurídica por el control del gasto público.