Esta semana, el canciller colombiano, Omar Bula, le solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc, pero retirando de sus funciones el seguimiento a la Reforma Rural Integral, uno de los componentes centrales de lo pactado en La Habana.
La propuesta abrió interrogantes sobre el alcance que tendrá ahora la supervisión extranjera al acuerdo y sobre la prioridad que tendrá la implementación del mismo en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La petición del nuevo Ejecutivo colombiano argumenta que la reforma rural es una política pública estructural y de largo plazo, cuya ejecución debe estar a cargo exclusivamente de las instituciones nacionales.
De igual forma, durante su intervención del pasado lunes ante el Consejo de Seguridad, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia planteó que la verificación internacional al Acuerdo de Paz, que en noviembre próximo cumplirá diez años de haber sido firmado, debería concentrarse en asuntos directamente relacionados con la reincorporación de los firmantes y sus garantías de seguridad.
Ahora bien, la decisión final sobre la Misión de Verificación de Naciones Unidas la entregará la máxima instancia de ese organismo multilateral antes del vencimiento del actual mandato, previsto para este 31 de octubre.
“Sigue vigente”
En reacción a la petición del Gobierno Nacional, el expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se logró el desmonte de las Farc, sostuvo que el Acuerdo continúa vigente y que aún tiene la capacidad de rendir frutos, si los gobiernos de turno deciden ejecutarlo.
“Ofrece la hoja de ruta para atender las brechas estructurales y brindar oportunidades a los millones de jóvenes marginados del empleo y la educación”, dijo.
Lo cierto es que lo pactado en el 2016 no se limitó al desarme de la guerrilla y la reincorporación de sus integrantes a la vida civil, incluida su eventual participación en política.
También estableció compromisos para ampliar el acceso a la tierra de todos los colombianos, sustituir los cultivos de uso ilícito en el país, atender a las víctimas del conflicto y llevar mayor presencia institucional a las zonas más afectadas por la guerra.
Para Juan Carlos Merchán, experto en conflicto y paz, entre los avances se encuentra la permanencia de cerca del 90 % de los excombatientes desmovilizados dentro del Acuerdo, sin retornar a las armas, así como el funcionamiento del Estatuto de la Oposición y de las instituciones de justicia transicional.
Según explicó, el trabajo articulado de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz ha permitido esclarecer dimensiones del conflicto que antes no eran suficientemente conocidas, entre ellas los secuestros, los falsos positivos y la participación de distintos sectores en la violencia.
Si bien la dejación de armas fue bastante positiva, el desarrollo de los territorios donde permanecía la entonces guerrilla no avanzó al mismo ritmo: en distintas regiones del país las comunidades siguen enfrentando disputas entre organizaciones armadas, economías ilegales y dificultades para acceder a servicios y oportunidades.
Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, uno de los principales problemas del proceso de implementación es la distancia entre los compromisos adquiridos por el Estado y su capacidad institucional para materializarlos.
Y advierte que esa brecha tiene consecuencias directas sobre la seguridad: donde la presencia estatal no se traduce en justicia y desarrollo, las organizaciones armadas encuentran condiciones para disputar el control territorial y continuar victimizando a la población.
En ese sentido, advierte el experto, uno de los principales desafíos del Gobierno será demostrar que puede fortalecer su política de seguridad sin dejar de lado las transformaciones institucionales que contribuyen a sostenerla. Desde esta perspectiva, los resultados deberán evaluarse no solo por las operaciones contra las organizaciones armadas, sino también por la capacidad de garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida en los territorios.
El informe trimestral
En el informe trimestral presentado el 8 de octubre por la Misión de Verificación del Acuerdo ante el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó la importancia del mismo para promover la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial, pero llamó la atención sobre la inseguridad en las regiones afectadas por el conflicto, dificultades de la reincorporación y retrasos en la transformación rural.
El abogado José David Benavides considera que lo pactado en Cuba todavía tiene futuro, sobre todo en las tareas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, teniendo en cuenta que hace parte de la Constitución Nacional y que fue creada a través de un Acto Legislativo.
“Pero en el punto de la reforma agraria, de la reinserción de los que eran combatientes de las Farc, habrá un debate político bastante interesante, no solo por iniciativa del Gobierno, sino del Congreso”, anota el analista.
La tierra, un punto crítico
La Reforma Rural Integral constituye uno de los componentes más sensibles del Acuerdo porque busca intervenir en problemas históricos del país relacionados con la concentración de la propiedad, la formalización de predios, la pobreza rural y las desigualdades entre el campo y las ciudades.
Según información del Gobierno incluida en el informe trimestral de marzo de 2026, se han entregado 323.579 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas, de las cuales 86.000 contaban con título de propiedad, frente a una meta de tres millones de hectáreas adjudicadas.
En formalización de tierras, el registro llegaba a 3.905.572 hectáreas, equivalentes al 56 % de la meta de siete millones establecida en el Acuerdo.
Los indicadores evidencian que existen avances, pero también que la adjudicación y la formalización de tierras continúan pendientes. A esto se suman los riesgos de seguridad que enfrentan algunos beneficiarios y los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, destinada a atender los conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra.
La decisión de retirar este componente de la verificación internacional genera inquietudes precisamente porque la reforma rural fue concebida como una respuesta a factores estructurales del conflicto armado en Colombia.
El secretario general de la ONU ha señalado que su implementación puede contribuir a ampliar la presencia estatal, impulsar el desarrollo económico y abordar condiciones que favorecen las economías ilícitas.
Para Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, los compromisos de desarrollo rural no benefician exclusivamente a los antiguos integrantes de las Farc, sino también a la población campesina. Por ello cuestionó que se pretenda retirar el seguimiento internacional a un componente que considera fundamental para el desarrollo de la ruralidad en el país.
En la misma línea, Humberto de la Calle, quien lideró la negociación con las Farc, cuestionó el argumento de que las instituciones colombianas pueden asumir por sí solas la implementación de la reforma agraria. A su juicio, el país arrastra dificultades históricas para materializar esos compromisos y la verificación independiente puede contribuir a hacer visibles los rezagos.
Merchán considera que la Reforma Rural Integral sigue siendo una de las deudas más sensibles del proceso, precisamente porque la tenencia y la concentración de la tierra han sido factores históricos del conflicto armado.
Aunque reconoce avances en la formalización de predios, la restitución de tierras a víctimas y el catastro multipropósito, sostiene que aún falta garantizar que más familias campesinas puedan acceder a terrenos para trabajar. En su opinión, mantener este componente dentro de la verificación internacional permitiría dar visibilidad a los compromisos pendientes y a las dificultades para materializarlos.
Fernández considera que los gobiernos pueden revisar sus prioridades y los mecanismos de implementación, pero deben explicar cómo garantizarán la continuidad de los compromisos. Recuerda que se trata de un acuerdo de Estado, no de un programa exclusivo de una administración.
“Eliminar un componente del mandato sin una garantía equivalente de seguimiento” puede reducir, según el consultor, la presión y la visibilidad sobre su cumplimiento.
Por ahora, la solicitud del gobierno de De la Espriella no significa que el Acuerdo de Paz pierda vigencia. La discusión se centra en el seguimiento de los compromisos por parte de la Misión de Verificación de la ONU.
Según el informe de Naciones Unidas de octubre, desde la firma del Acuerdo se han verificado 501 asesinatos de excombatientes, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. Además, entre el 27 de junio y el 30 de agosto, 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos.
Para el expresidente Santos, la seguridad en los territorios es necesaria, pero no suficiente. Por ello, en una intervención reciente llamó a ejecutar los instrumentos de desarrollo previstos para las regiones más afectadas por la guerra.
Su planteamiento, dicen analistas, resume uno de los principales retos del Gobierno: fortalecer la seguridad sin dejar de cumplir los compromisos de paz.
Lo cierto es que la continuidad del acompañamiento internacional y la capacidad del Estado para transformar los territorios más olvidados del país serán claves para consolidar una paz duradera, como es el anhelo de los colombianos.