Como lo había anunciado hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro finalmente firmó un decreto que autoriza el levantamiento de la reserva y la desclasificación de los archivos que se conservan del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que operó hasta el año 2011, cuando fue clausurado por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Se trata del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, cuya expedición permite el levantamiento de la reserva para más de 57.000 cajas de documentos, que ahora se encuentran en poder del Archivo General de la Nación.
En el documento se lee de manera explícita su objetivo: “Por el cual se desclasifica, levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.
El mismo aclara que, según la Ley 1621 de 2013, el Presidente de la República está facultado para “autorizar en cualquier momento, antes del cumplimiento del término de la reserva, la desclasificación total o parcial de los documentos cuando considere que el levantamiento de la reserva contribuirá al interés general y no constituirá una amenaza contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad, o defensa nacional, ni la integridad de los medios, métodos y fuentes”.
Como se sabe, el DAS fue creado en 1960 como un organismo de inteligencia y contrainteligencia con facultades de policía judicial que, durante cuatro décadas, tuvo un impacto decisivo en las políticas de seguridad nacional.
No obstante, su desaparición en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo determinada por escándalos de interceptaciones ilegales, filtración del narcotráfico y el paramilitarismo, así como persecuciones a opositores.
Existen diferentes denuncias de interceptaciones ilegales a las comunicaciones de magistrados, periodistas y políticos de izquierda que fueron realizadas desde el DAS durante los gobiernos de Álvaro Uribe, por esto fueron procesados y condenados los exdirectores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera.
Sin embargo, con la desaparición de la entidad, quedaron ocultas muchos más casos y los manejos ilegales que se dieron en su interior y presuntamente comprometen más exfuncionarios y políticos.
En el decreto presidencial se le ordena al Archivo General de la Nación que, “a partir de la fecha no se requerirá autorización judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz para continuar los trámites de acceso y consulta de la documentación correspondiente a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS”.
Así mismo, exhorta a “la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA y a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, que otorguen acceso completo a las instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, de la información correspondiente a derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, que se encuentra en la documentación del fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.
De esta forma, se crean las condiciones jurídicas para que puedan adelantarse investigaciones y procesos sobre la información, vinculada con la verdad y reparación, o que tenga valor probatorio en casos de violaciones a Derechos Humanos, que en estos archivos comience a encontrarse tras su desclasificación.