Ocho años después de ingresar al escenario político nacional como resultado del proceso de paz firmado en La Habana, Cuba, el partido Comunes perdió su personería jurídica tras los resultados de las elecciones legislativas realizadas el 8 de marzo en Colombia.
La colectividad, integrada principalmente por excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc que se reincorporaron a la vida civil y política, obtuvo apenas el 0,5 por ciento de los votos para el Senado y el 0,2 por ciento para la Cámara de Representantes, cifras muy por debajo del 3 por ciento mínimo exigido por la legislación electoral para conservar el reconocimiento legal como partido político.
El resultado marca el cierre de un capítulo particular dentro de la política colombiana. Desde las elecciones de 2018, el partido había contado con diez curules garantizadas en el Congreso de la República, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, como parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla.
Estas curules aseguradas se mantuvieron durante dos periodos legislativos consecutivos, permitiendo la participación política de los firmantes del acuerdo mientras avanzaba el proceso de reincorporación. Sin embargo, ese mecanismo de protección institucional llegó a su fin en estas elecciones, obligando por primera vez a la colectividad a competir en igualdad de condiciones con los demás partidos del país.
Entre las figuras más visibles de este movimiento se encontraba Sandra Ramírez, quien buscaba mantener su presencia en el Senado mediante una alianza con el movimiento Fuerza Ciudadana.
De acuerdo con los datos preliminares publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la lista de esta coalición obtuvo 114.599 votos, de los cuales Ramírez logró 10.474 sufragios, una cifra que resultó insuficiente para garantizar un escaño o para mantener la personería jurídica del partido, como lo ordena la legislación colombiana.
Tras conocerse los resultados, la colectividad reconoció públicamente la derrota mediante un comunicado divulgado el 9 de marzo. En el documento, la organización evitó señalar responsables y reafirmó su compromiso con la implementación del acuerdo de paz y con la defensa de sus postulados políticos.
“La Paz con Justicia Social seguirá siendo nuestra bandera movilizadora”, expresó el partido, al tiempo que anunció que continuará desarrollando trabajo político y social en los territorios, aunque ahora sin representación directa en el Congreso.
A pesar de la pérdida de la personería jurídica, varios de sus dirigentes históricos seguirán participando en la vida política nacional. Entre ellos se encuentran figuras como Rodrigo Londoño, Julián Gallo y Luis Alberto Albán, quienes podrán continuar su actividad pública bajo el aval de otras organizaciones o movimientos políticos.
En ese sentido, analistas consideran que aunque el partido desaparece formalmente como organización política, su base militante y sus liderazgos podrían reorganizarse dentro de nuevas plataformas políticas o alianzas electorales.