Presuntos contratos entre Colpensiones y el sistema de medios públicos RTVC fueron denunciados por la candidata a la Presidencia Paloma Valencia, quien asegura que se habrían volado los límites permitidos. El monto total asciende a $60.111 millones, que estarían destinados a campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad.
Valencia asegura que el hecho se habría presentado el 15 de diciembre del 2023. En ese momento Colpensiones habría entregado de manera directa y sin licitación un contrato por $13.804 millones a RTVC en concepto de servicios de publicidad.
Pese a que inicialmente se extendía hasta el 13 de diciembre del 2024, la candidata por el Centro Democrático que el próximo 8 de marzo se enfrentará a otros candidatos de la llamada Gran Consulta por Colombia advirtió una primera irregularidad: la ejecución del contrato, señaló, comprometería recursos de más de una vigencia, lo que podría vulnerar el principio de anualidad presupuestal.
Dicho contrato habría sido objeto de tres adiciones: una el 25 de junio de 2024 por $6.000 millones, otra el 13 de diciembre de 2024 por $11.252 millones y otra el 29 de agosto de 2025 por $6.300 millones.
Además, según indicó Paloma Valencia, el plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre del 2025, lo que implicaría, a su modo de ver, que un mismo contrato terminó comprometiendo recursos de tres años distintos y superando ampliamente el límite legal de adiciones. Según la Ley 80, solo se puede incrementar hasta el 50% el valor inicial. En este caso, las adiciones habrían superado el 100%.
La denuncia de la senadora y candidata a la Presidencia de Colombia va más allá. A esto se sumaría un segundo contrato, esta vez firmado el 16 de julio de 2024, que también se habría dado de manera directa y sin licitación, por $9.795 millones, con un objeto similar: diseñar e implementar una estrategia de marketing.
Este contrato habría sido fue objeto de una adición de $12.959 millones, con lo cual también se habría superado el límite legal de hasta el 50% del valor inicial. Además, se prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Frente a este escenario, Paloma Valencia solicitó que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que inicien una investigación urgente para determinar si se violaron el principio de anualidad y las disposiciones de la Ley 80, y establecer posibles responsabilidades fiscales y disciplinarias.