La financiación del sistema de salud y las obligaciones pendientes con sus distintos actores fueron algunos de los asuntos abordados por la ministra de Salud, Ana María Vesga, durante el 36.º Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar de Asocajas, realizado en Cartagena.
En medio de las inquietudes por el presupuesto nacional de 2027 y los recursos que requiere el sector, la funcionaria sostuvo que el país necesita revisar los problemas estructurales de financiación y encontrar mecanismos que permitan atender las deudas acumuladas con aseguradoras, prestadores y cajas de compensación.
“Históricamente, el sistema de salud ha venido perdiendo, o más bien ha ido aumentando el esfuerzo que tiene que hacer el Presupuesto General de la Nación”, afirmó Vesga al explicar que, según su análisis, el crecimiento de la población afiliada al régimen subsidiado frente al del contributivo aumenta la presión sobre los recursos públicos.
Para la ministra, uno de los asuntos que debe revisarse es la evasión de aportes al régimen contributivo. Según dijo, existe población con capacidad de pago que no estaría contribuyendo al sistema, situación que, a su juicio, genera una presión fiscal adicional.
“De forma estructural necesitamos revisar cómo realmente controlamos la evasión en el régimen contributivo”, manifestó.
La discusión por los recursos de 2027
Las declaraciones se producen después de que el presupuesto general de la Nación para 2027 terminara sin completar su trámite legislativo dentro del plazo previsto y el Gobierno anunciara que lo expedirá por decreto. El monto reportado es de $634,9 billones, sobre la base del texto aprobado en el primer debate, lo que dejó por fuera modificaciones introducidas posteriormente, entre ellas recursos adicionales para el sector salud.
La ministra insistió en la necesidad de recuperar los recursos previstos para 2027 y afirmó: “Desde luego, tenemos que recuperar esos tres millones para el año entrante”. Sin embargo, no precisó qué mecanismo presupuestal se utilizaría para garantizar esos recursos.
El debate es relevante para un sistema que, de acuerdo con la propia funcionaria, necesita resolver tanto sus necesidades inmediatas de liquidez como los problemas de financiación que se han acumulado durante los últimos años.
En ese escenario, la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se reconoce por cada afiliado para financiar los servicios de salud, es uno de los asuntos que analiza el Ministerio. Vesga explicó que el cálculo está en curso y que se espera tener definido el ajuste correspondiente a finales de 2026.
La UPC es uno de los componentes centrales de la financiación del aseguramiento. Por eso, su cálculo y actualización inciden en los recursos con los que cuentan los actores del sistema para responder por la atención de sus afiliados.
¿Qué pasará con las deudas de las cajas?
Durante el Congreso de Asocajas, la presidenta ejecutiva del gremio, Adriana Guillén, aseguró que el sistema de salud les adeuda $3,5 billones a las cajas de compensación familiar. De ese monto, indicó, $2,8 billones corresponden a obligaciones antiguas.
Al ser consultada por esa cartera, Vesga señaló que las obligaciones con las cajas hacen parte de una deuda más amplia que también involucra a las aseguradoras y a los prestadores de servicios de salud.
“Parte de la deuda con las cajas de compensación hace parte de la gran deuda que hay, entre otros, con todo el sistema, con las aseguradoras, con los prestadores”, expresó.
La ministra sostuvo que el Gobierno busca mecanismos de financiación que permitan pagar esas obligaciones, con la participación de los distintos actores del sistema.
“Lo que hemos planteado es esa senda de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación y la revisión de lo que ha sido la financiación en los últimos años, para buscar mecanismos de financiación que permitan pagar entre todos, incluidas las cajas de compensación”, explicó.
La ministra también se refirió al futuro de las entidades intervenidas y a la posibilidad de que algunas lleguen a una liquidación. Según dijo, esa debería ser la última alternativa, porque puede dejar usuarios sin atención y obligaciones pendientes de pago.
“Una liquidación deja consigo población desatendida y deudas impagas”, afirmó. Por ello, señaló que el Gobierno necesita utilizar herramientas jurídicas y regulatorias para evitar que ese sea el desenlace, además de establecer una ruta clara para el pago de los pasivos.
Vesga agregó que el sistema debe avanzar en la revisión de los modelos de contratación y en una mayor claridad sobre las cuentas entre aseguradores, prestadores y proveedores.
El desafío, de acuerdo con lo expuesto por la ministra, no se limita a conseguir recursos adicionales, también implica revisar cómo se financia el aseguramiento, cómo se distribuyen los recursos y qué mecanismos permitirán responder por las obligaciones acumuladas.