La ministra de Educación, Viviane Morales, se refirió a la polémica generada por un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Educación y aseguró que la propuesta no busca privatizar la educación pública. Según explicó, el documento plantea modificaciones al Decreto 1075 de 2015 relacionadas con la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.
La funcionaria señaló que la modificación propuesta busca introducir precisiones jurídicas al modelo de colegios en administración, con el propósito de entregar herramientas a las entidades territoriales para fortalecer la gestión de sus establecimientos educativos oficiales.
De acuerdo con Morales, bajo este modelo las entidades territoriales podrán apoyarse en organizaciones que tengan experiencia e idoneidad en áreas pedagógicas, administrativas y de gestión. Sin embargo, aclaró que esta posibilidad no significa trasladar o sustituir la responsabilidad que tiene el Estado sobre la prestación del servicio educativo.
“De ninguna manera se trata de privatizar la educación”, afirmó la ministra al explicar el alcance de la propuesta.
Uno de los puntos centrales de la explicación de Morales es que los establecimientos educativos incluidos en este esquema mantendrán su carácter oficial.
La ministra precisó que la matrícula continuará haciendo parte de la oferta oficial y que la entidad territorial conservará la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio educativo.
En ese sentido, explicó que la administración puede estar apoyada por un tercero, pero la prestación del servicio continúa bajo responsabilidad de la entidad pública.
“Se trata de hacer claridad sobre la naturaleza de este modelo”, señaló Morales, quien destacó además la experiencia de los colegios en administración que funcionan actualmente en Bogotá.
Según la ministra, existen 38 colegios en administración del servicio en Bogotá, modelo que calificó como exitoso. Para sustentar esta afirmación, señaló que las evaluaciones de resultados muestran efectos positivos en aspectos como la permanencia y la trayectoria educativa de los estudiantes.
También mencionó resultados favorables en las pruebas Saber 11, así como un mayor tránsito hacia la educación superior y mejores resultados en términos de eficiencia.
Participación de entidades religiosas
Otro de los aspectos que explicó la ministra está relacionado con la posibilidad de que entidades religiosas y confesiones religiosas colaboren en la prestación del servicio educativo.
Morales señaló que esta posibilidad no constituye una novedad del proyecto de decreto, sino que corresponde a una disposición que, según explicó, existe desde 1994 y que ha permitido la participación de estas entidades en lugares donde las entidades territoriales certificadas no logran tener presencia.
La ministra agregó que esta colaboración está contemplada en la Ley de Libertad Religiosa y aseguró que la disposición fue declarada constitucional por la Corte.