El Ministerio de Hacienda radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto del Presupuesto General de la Nación, cuyo monto asciende a $635 billones de pesos. La cifra representa un incremento de $60 billones frente a los $575 billones del ejercicio anterior, una diferencia que la cartera económica explicó a partir de la inclusión de rubros de obligatorio cumplimiento que no habían sido considerados en el presupuesto previo.

Según la entidad, el aumento responde a la necesidad de asumir un desbalance de $59,3 billones y poner las cuentas sobre la mesa. Entre los sectores integrados en este monto figuran $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, $6,5 billones para el pago de pensiones, $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, $2,0 billones para el Sistema de Salud y $0,7 billones para las universidades públicas.

El Salón de Sesiones de la Cámara de Representantes, corporación donde se inició el trámite legislativo para la discusión del articulado fiscal. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Impacto del servicio de la deuda y plan de austeridad

A la inclusión de los rubros sociales y salariales se suma el crecimiento en el servicio de la deuda, que registró un incremento de $37,4 billones de pesos debido al vencimiento de obligaciones de corto plazo con tasas elevadas. Frente a la variación global de las cifras, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el presupuesto presentado por la administración anterior omitió partidas esenciales, por lo que ambos ejercicios no resultan comparables.

En paralelo con la incorporación de estos compromisos, el proyecto aplica una política de austeridad que reduce $17,5 billones de pesos en el funcionamiento estatal. Este ajuste contempla recortes de $2,8 billones en la compra de bienes y servicios, $2,5 billones en inversión no prioritaria y $12 billones distribuidos en más de 250 líneas de gasto.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que el incremento presupuestal responde a la necesidad de financiar sectores clave como salud, pensiones y nómina pública. | Foto: Congreso de la República / Youtube

Ajuste del déficit fiscal y nuevas iniciativas legislativas

La actualización de los datos ubicó el déficit fiscal sin intereses para 2026 en 4,4% del PIB, frente al 2,1% presupuestado con anterioridad. La meta del Gobierno nacional es llevar este indicador al 3,3% del PIB mediante la expedición de un decreto de recorte y aplazamiento de gasto en el corto plazo.

Para consolidar la reducción del desequilibrio financiero, el Ejecutivo anunció la radicación de la Ley de Rescate Económico. La norma buscará bajar el déficit fiscal al 2,3% del PIB en 2027 y estabilizar la trayectoria de la deuda pública en los años siguientes.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.