La exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, rompió el silencio luego de que su nombre se mencionara 85 veces en la sentencia del Consejo de Estado que declaró la muerte polémica del expresidente del Senado, Iván Name.
Para la exparlamentaria, las menciones del fallo no significan que sean acusaciones y justificó su actuación durante varias sesiones que presidió para la aprobación de la reforma pensional del Gobierno Petro.
“Ni remotamente se puede sostener que haya ‘señalamientos’. Eso lo dicen ustedes, no la justicia”, aseguró la polémica Pizarro en declaraciones al periódico El Tiempo.
A renglón seguido, explicó que su función en la mesa directiva del Senado consistía en ser la primera vicepresidenta de esta cámara legislativa, un cargo que reemplaza al presidente del Senado cuando no puede estar presente en las plenarias.
“El papel de la primera vicepresidencia es suplir al presidente cuando no está presente. Ese es un mandato legal y para el que fui elegida”, afirmó al medio de comunicación citado.
Además, la política del Pacto Histórico se refirió a las dificultades que a su juicio tuvo el trámite de la reforma pensional, principalmente porque en unas sesiones no se completó el quórum necesario que asegurara los votos. Por lo tanto, debido a sus ausencias, Name no aportaba a que se conformara el quórum.
Asimismo, Pizarro señaló que durante aquel periodo legislativo, que fue entre el 2023 y 2024, contribuyó a participar de manera completa en cada una de las discusiones en el parlamento.
La exsenadora Pizarro también aprovechó para arremeter contra la entonces oposición, que estaba encabezada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical. Las acusó de hacer uso de mecanismos para impedir o retrasar la discusión de la reforma pensional y que eso lo celebraban en publicaciones de redes sociales.
“Durante meses la entonces oposición usó todo tipo de maniobras para impedir o retrasar el debate de la reforma pensional”, destacó, enfatizando que cada congresista opositor tuvo las garantías para realizar intervenciones durante el debate.
Es de resaltar que el Consejo de Estado decidió declarar la muerte política de Name principalmente porque consideró que hubo pruebas de que sí recibió $3.000 millones de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que aparentemente fueron entregados por la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz.
El fallo administrativo deja evidenciado que el exsenador de la Alianza Verde dejó de presidir 14 de las 16 sesiones plenarias que hacían parte de la discusión de la reforma pensional y que en ningún momento entregó una justificación constitucional o legal que lo justificara.
Por lo tanto, no se acreditaron ausencias, vacancias o una imposibilidad material que a Name le impidiera asumir sus funciones en la Presidencia del Senado.