En medio de la polémica que hay por la posible llegada de Daniel Quintero a la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), resurgen cuestionamientos relacionados con su gestión durante su paso por la Alcaldía de Medellín, especialmente en el manejo del sector salud.
Pese a que el exalcalde manifestó su intención de ejercer un control riguroso sobre el sistema, con propuestas como una “intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”, diversos procesos e investigaciones ponen en duda su desempeño previo en este ámbito.
Uno de los casos más relevantes tiene que ver con la inversión realizada en la Clínica de la 80, donde, según el pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación del 20 de diciembre de 2024, se habrían destinado cerca de 24.000 millones de pesos en un inmueble bajo comodato con el liquidador de Saludcoop, pero dichos recursos se habrían llevado a cabo con un contratista inhabilitado por ser deudor moroso del Estado.
A esto se suman cuestionamientos por decisiones administrativas como la suscripción de un contrato de transacción superior por 12.000 millones de pesos con la Fundación Colombiana de Cancerología, en el cual se habrían ignorado las recomendaciones desfavorables del comité de conciliación y luego se afirmó que el mismo había dado su aval; tal acción incurriría presuntamente en falsedad en documento público.
Aunque en algunos procesos Daniel Quintero no aparece directamente vinculado, las críticas apuntan a su responsabilidad como jefe de la administración distrital en ese momento, por lo que debía ordenar los correctivos pertinentes para subsanar o detener las irregularidades.
En paralelo, también se mencionaron situaciones relacionadas con la prestación del servicio de salud, como el caso de un menor fallecido presuntamente por falta de atención oportuna, lo que derivó en investigaciones disciplinarias de la Personería Distrital de Medellín contra funcionarios del sector durante su gobierno.
Asimismo, se han puesto bajo la lupa contratos relacionados con recursos públicos destinados a emergencias, en los que la Fiscalía señaló el 4 de febrero de 2026 presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por más de 18.000 millones, salpicando a funcionarios de su administración.
Con este último caso, la Fiscalía les imputó a los implicados los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, explicando que dineros públicos terminaron en bolsillos de entes privados mediante una red de subcontratación y cuentas de cobro cuestionable.
Este panorama ha generado debate sobre la idoneidad de Quintero para asumir un cargo que implica la supervisión del sistema de salud a nivel nacional.