Después de un operativo de casi 10 horas, la Procuraduría General concluyó su inspección disciplinaria en la sede principal de Ecopetrol en Bogotá, como parte de la investigación que adelanta por la firma de un millonario otrosí para un contrato con una compañía extranjera para medir y evaluar eventuales riesgos reputacionales a la estatal petrolera.
Las labores fueron adelantas por funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (DNIE), quienes realizaron entrevistas a varios funcionarios, revisaron documentación relacionada con el contrato, cuyo costo alcanzaba los 5 millones de dólares y fue suspendido por decisión de la Junta Directiva.
“La inspección realizada hace parte del material probatorio que está recaudando el órgano de control en desarrollo de la indagación iniciada, en la que busca confirmar o descartar la comisión de una irregularidad e identificar a los presuntos autores, con el fin de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaría”, precisó el Ministerio Público.
Así mismo, a la salida de la inspección, Gloria Quintero, la procuradora delegada, detalló que “en ejercicio de las facultades de policía judicial, recaudamos documentación relacionada con la temática de la indagación preliminar. Recaudamos extensa información relacionada con la etapa de planeación, de celebración y de ejecución del contrato, la cual será analizada y evaluada en su oportunidad”.
Horas antes, Ecopetrol confirmó la visita de los delegados del órgano de control, al precisar que entregó a los funcionarios los documentos requeridos “bajo estrictos protocolos de integridad, trazabilidad y confidencialidad”. También aseguró que puso a disposición de esa entidad los resultados de una investigación interna relacionados con la posible filtración de información confidencial.
Al respecto, en comunicado oficial, la empresa indicó que “puso en conocimiento de los delegados los avances de la investigación interna que viene adelantando el área de Tecnología, donde se identificaron patrones de comportamientos anómalos en los sistemas corporativos, asociados a la posible filtración de información confidencial, reservada y privilegiada”.
También se conoció en las últimas horas que el funcionario que habría firmado el contrato con la firma Covington & Burling LLP, Alberto Vergara, fue removido del cargo.
Entre tanto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, publicó un video en el que denuncia una presunta campaña de desprestigio y persecución, aclarando que la empresa se encuentra en una situación óptima.
Al tiempo, aclaró que en el contrario objeto de investigación “yo no participé, ni fui informado de su suscripción, ni de la firma del otrosí. Tampoco tenía la facultad legal para hacerlo o autorizarlo, ni mucho menos para intervenir en su trámite y ejecución”.
Con información de El País y Colprensa.