La Presidencia de la República tendrá dos días para ejercer su derecho de defensa y aportar pruebas dentro de la tutela que cuestiona la publicación de videos del presidente Abelardo de la Espriella junto a cuerpos de personas abatidas durante operaciones militares. La determinación hace parte del proceso en el que un juez ordenó, de manera temporal, retirar los contenidos mientras analiza si las imágenes pueden considerarse violentas o explícitas.
La decisión fue adoptada tras una acción de tutela relacionada con contenidos publicados por la Presidencia el 2 y el 4 de septiembre. Una de las publicaciones corresponde a un video en el que el jefe de Estado realiza un recorrido alrededor de los cuerpos de 23 presuntos disidentes de las FARC que murieron durante un bombardeo militar contra integrantes del grupo de alias Mordisco, en el departamento del Guaviare.
El segundo contenido está relacionado con la operación adelantada contra Naín Andrés Pérez Toncel, señalado como cabecilla del frente Javier Cáceres de las ACSN. En las imágenes, el mandatario se refiere a la ofensiva junto a los cuerpos de Pérez Toncel, de su pareja sentimental, identificada con el alias de ‘La Bebecita’, y de dos de sus escoltas, quienes también murieron durante la operación del 4 de septiembre.
La orden judicial no establece que los contenidos deban ser retirados de manera definitiva, por el contrario, el juez precisó en el oficio que se trata de una medida de carácter temporal, mientras se determina si las publicaciones pueden ser consideradas violentas o explícitas y si, por esa razón, tienen la capacidad de generar una afectación.
“Mientras se determina si las publicaciones objeto de reproche pueden catalogarse como violentas o explícitas y, por tanto, ser susceptibles de generar una afectación de esa naturaleza, resulta necesario adoptar medidas de carácter transitorio”, señaló el juez en el documento.
El retiro temporal busca evitar que el material continúe disponible durante el análisis judicial sobre su contenido y los posibles efectos de su publicación.
Dentro del estudio de la tutela, el despacho también les dio a los accionados un plazo de dos días para ejercer su derecho de defensa y aportar las pruebas que consideren pertinentes en relación con los hechos denunciados. Esto significa que las partes señaladas en la acción judicial tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y elementos de prueba antes de que se adopte una determinación de fondo.
El episodio ocurre en medio de la estrategia de seguridad que ha impulsado De la Espriella desde el comienzo de su Gobierno, caracterizada por un discurso de mano dura contra las organizaciones armadas ilegales y por una exposición pública de los resultados de las operaciones militares.