El senador Jota Pe Hernández denunció públicamente una presunta injerencia de grupos armados ilegales en actividades relacionadas con el proceso electoral de 2026 en el departamento del Huila. Según afirmó el congresista, integrantes de las disidencias de las Farc estarían convocando a líderes comunales de diferentes municipios para reuniones en las que se abordarían asuntos políticos y electorales.
La denuncia fue divulgada por el legislador a través de sus redes sociales y posteriormente replicada en distintos escenarios políticos. De acuerdo con Hernández, la situación genera preocupación por la posibilidad de que organizaciones armadas intenten ejercer influencia sobre comunidades y dirigentes locales en vísperas de la campaña presidencial y legislativa que se desarrollará en el país.
El Senador señaló que las citaciones estarían dirigidas a representantes de juntas de acción comunal y otros liderazgos territoriales. En su pronunciamiento, pidió que las autoridades competentes verifiquen los hechos y adopten medidas que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia del proceso democrático.
La denuncia se produce en medio de las crecientes preocupaciones por la presencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país. En departamentos como Huila, las autoridades han reportado en los últimos años actividades de estructuras disidentes que buscan mantener influencia territorial y control sobre corredores estratégicos.
Hernández advirtió que cualquier intento de presión sobre líderes sociales o comunales representa una amenaza para el libre ejercicio de la participación política. Por ello, solicitó la actuación de organismos de control, entidades electorales y fuerzas de seguridad para esclarecer las circunstancias de las presuntas convocatorias y determinar si existe algún tipo de intervención indebida en asuntos electorales.
El Congresista insistió en que las elecciones deben desarrollarse con plenas garantías para los ciudadanos y sin la participación de actores armados al margen de la ley. Asimismo, manifestó que los líderes comunitarios deben contar con protección suficiente para ejercer sus funciones sin intimidaciones ni presiones externas.
Hasta el momento de la denuncia, no se conocían pronunciamientos oficiales sobre los hechos específicos mencionados por el senador. Sin embargo, el señalamiento abrió un nuevo debate sobre las condiciones de seguridad en algunas zonas del país y sobre los desafíos que enfrentará Colombia para garantizar un proceso electoral libre de interferencias ilegales.
La situación también reaviva las discusiones alrededor del papel de los grupos armados en los territorios y la necesidad de fortalecer la presencia institucional en regiones donde persisten riesgos para la participación política y el liderazgo social.
Mientras avanzan las investigaciones y verificaciones correspondientes, la denuncia del senador pone nuevamente en el centro de la agenda pública la importancia de proteger la democracia y asegurar que las elecciones de 2026 se desarrollen bajo condiciones de libertad y transparencia.