El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda cuestionó el estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno nacional para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales. Aunque el contenido del proyecto permanece reservado y será presentado oficialmente este jueves, el congresista ya expresó varias preocupaciones sobre sus posibles alcances.
Cepeda considera que la iniciativa podría otorgar amplias facultades al Estado y generar riesgos para los derechos humanos. Según planteó, las disposiciones previstas podrían terminar afectando las garantías constitucionales y abrir espacio para hechos que, en su opinión, serían arbitrarios.
“Un régimen despótico y autoritario quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia”, afirmó el senador al referirse a lo que podría representar la implementación del estatuto.
Uno de los principales cuestionamientos del congresista está relacionado con la manera en que se definiría el terrorismo.
“Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad. Bajo estas definiciones, el actual Gobierno entraría en esa categoría”, sostuvo.
El senador también manifestó reparos frente al hecho de que el modelo utilizado como referencia principal sea el de Estados Unidos. Para Cepeda, una definición amplia de terrorismo podría terminar incluyendo comportamientos que actualmente no son considerados delitos de esa naturaleza.
Otro de los puntos que genera preocupación en el congresista es la posibilidad de que el Gobierno pueda determinar qué personas u organizaciones son consideradas terroristas sin que exista previamente una decisión judicial.
A su juicio, esa facultad podría derivar en decisiones arbitrarias y afectar directamente derechos individuales. Cepeda advirtió que incluir personas, además de organizaciones, en este tipo de listados podría generar consecuencias sobre el buen nombre, las libertades públicas y el patrimonio de los señalados.
“Afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal”, señaló.
El senador también se refirió a la creación de la figura del alto comisionado contra el terrorismo contemplada en la propuesta. Cepeda cuestionó las facultades que tendría ese funcionario y aseguró que su permanencia prevista sería superior al periodo de un gobierno.
Según el congresista, el cargo tendría “plenos poderes”, sería definido bajo un estado de excepción por el presidente Abelardo de la Espriella y tendría una duración de cinco años.
El contenido completo del estatuto será conocido este jueves, cuando el Gobierno presente oficialmente la iniciativa con la que busca fortalecer las herramientas del Estado contra los grupos armados ilegales.