En una rueda de prensa, el senador y actual candidato a la Presidencia Iván Cepeda, respondió a una pregunta realizada por un medio local, en la que se le cuestionó si gobernaría el país con grupos armados.
“¿Va a gobernar usted con las Farc o con los grupos al margen de la ley?“, fue la pregunta del comunicador, que causó de inmediato la risa del candidato.
La reacción tuvo que ver con la relación que estaba estableciendo el periodista entre el candidato y grupos armados ilegales, lo que llevó a Cepeda atraer a colación el genocidio sistemático que organizaciones delincuenciales y fuerzas del Estado llevaron a cabo en contra de integrantes de la Unión Patriótica en décadas pasadas.
“¿Cómo se dicen cosas como estas sin ningún rubor? Eso es inadmisible. Yo no sé si usted conoció el caso del genocidio en contra de la Unión Patriótica. Mataron a 6000 personas de ese movimiento por preguntas como estas”, dijo Cepeda, y explicó lo que solía ocurrir en aquellos años de exacerbada violencia política.
Según él, también en eventos de campaña, a los candidatos los señalaban de pertenecer a alguna de las agrupaciones ilegales del país, e inmediatamente ordenaban su muerte.
“Así mataron a mi padre”, recordó el senador, y llamó la atención del comunicador frente a la responsabilidad de señalamientos de este tipo: “Usted debiera conocer la historia. Aquí, en este departamento, mataron tanta gente por acusaciones de esa naturaleza”, dijo.
Cabe mencionar que la violencia ejercida contra integrantes de la Unión Patriótica dio con la muerte de los candidatos a la Presidencia Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa, ocurridas el 11 de octubre de 1987 y el 22 de marzo de 1990 respectivamente, lo que se convirtió en el mayor ataque contra la democracia reciente en el país, en un contexto de violencia política marcada por actores armados con claras filiaciones con el narcotráfico.
A pesar de la magnitud de estos hechos, sin embargo, dicho genocidio todavía sigue sin ser aceptado del todo, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dejó en firme el fallo en el que determina la culpabilidad del Estado colombiano.