El Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad de los candidatos presidenciales en Colombia, tras la realización de una reunión extraordinaria de la Junta de Inteligencia Conjunta, en respuesta a recientes amenazas que han encendido las alertas en el proceso electoral.
Entre las principales decisiones se encuentra el despliegue de más de 6000 uniformados adicionales, así como el refuerzo de los esquemas de protección no solo para los aspirantes, sino también para sus familias. Estas acciones buscan prevenir posibles atentados y garantizar condiciones de seguridad en medio de la campaña electoral.
La reunión, liderada por el Ministerio de Defensa, también dejó como conclusión la necesidad de mejorar el intercambio de información entre las distintas agencias de inteligencia del Estado, con el fin de anticipar riesgos y reaccionar de manera más efectiva ante cualquier amenaza.
La Comunidad de Inteligencia de Colombia, que articula organismos civiles y militares, tendrá un papel clave en este proceso, al coordinar esfuerzos de análisis y monitoreo de posibles riesgos contra los candidatos. Este sistema es supervisado precisamente por la Junta de Inteligencia, instancia encargada de consolidar la información estratégica para la toma de decisiones en materia de seguridad.
Además del fortalecimiento de esquemas individuales, las autoridades señalaron que se intensificarán las labores de inteligencia preventiva, así como la vigilancia en eventos de campaña y desplazamientos de los candidatos en distintas regiones del país.
El refuerzo institucional también contempla una articulación más estrecha entre la fuerza pública, los organismos de inteligencia y las entidades encargadas de la protección de líderes políticos, con el objetivo de cerrar posibles brechas de seguridad.
Esta decisión se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral, luego de que, por un lado, el presidente Gustavo Petro revelara que, gracias a información compartida por la CIA, se tuvo conocimiento de un plan detallado para atentar contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, quien solicitó que la inteligencia del Estado actúe con total transparencia para salvaguardar su vida.
Por otro lado, la derecha colombiana también ha encendido las alarmas; el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció públicamente un presunto plan de magnicidio contra la candidata Paloma Valencia. Según las denuncias, sectores criminales estarían coordinando un ataque para eliminar a una de las figuras más visibles de la oposición, lo que ha llevado a la Junta de Inteligencia a tratar estos casos bajo una misma premisa de seguridad nacional.