El Gobierno de Abelardo de La Espriella prepara la presentación ante el Congreso de unos proyectos de ley denominados la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista, con los que buscan ampliar las herramientas jurídicas y operativas del Estado para enfrentar a organizaciones armadas y criminales.
Así lo dio a conocer el diario El Tiempo, el cual conoció de manera anticipada que la primera iniciativa será presentada por el Ministerio de Justicia y la segunda está bajo la tutela del Ministerio del Interior, en cabeza de Rodrigo Lara.
De acuerdo con el reporte del medio citado anteriormente, estos se presentarán de manera paralela: una ley estatutaria y una ley ordinaria, ya que ciertos puntos afectarían directamente derechos y así que deben tener un trámite especial, concentrado en una sola legislatura.
Mientras que los otros aspectos del proyecto serán adelantados de forma ordinaria con el objetivo de que entren en vigencia, y el grueso del estatuto pase por la revisión del tribunal constitucional.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, como los modelos que son empleados en Estados Unidos, la Unión Europea y hasta las Naciones Unidas.
La herramienta tendría efectos sobre las organizaciones o personas que sean incluidas en ella, con una clasificación de grupos armados organizados (GAO), a lo que se les aplicaría el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que al final habilita al Gobierno para bombardear a dichos grupos.
El proyecto también contempla un régimen penitenciario especial para los principales integrantes de las organizaciones que sean clasificadas como terroristas.
Dentro de este articulado se plantean agravantes en las penas de diferentes delitos cuando estos estén relacionados con organizaciones incluidas en el registro y la aprehensión de bienes distinta a la que actualmente existe con las reglas de la extinción de dominio.
Además, el Ejecutivo busca reforzar la persecución de las rentas provenientes de la compra y venta del oro, el otorgamiento de licencias para casas de cambio y la bancarización de estas, con el fin de frenar el lavado de activos.
Entre los aspectos más relevantes del borrador también está la intención de ampliar las capacidades del Estado para enfrentar militarmente a las organizaciones criminales. Entre las medidas se buscaría combatir las asonadas y el uso de la población civil para entorpecer las acciones de la Fuerza Pública.
Además, el estatuto busca concentrar en el Consejo de Estado las tutelas relacionadas con los grupos que se lleguen a clasificar oficialmente como terroristas. La iniciativa busca detener las decisiones adversas, como las recientes suspensiones en temas como la aspersión con glufosinato y los bombardeos.
El Tiempo informó que la propuesta del estatuto antiterrorista, como la ley de sometimiento, ya habría pasado la revisión obligatoria de la Oficina Jurídica de la Presidencia, así que el siguiente paso será su eventual radicación ante el Congreso, donde se definirán los alcances finales.