Las recientes declaraciones de la exfiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien estaba al frente del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, han generado controversia al interior de la Fiscalía General de la Nación, puesto que la exfuncionaria acusó directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo.
En entrevista con la Revista Semana, la exfuncionaria judicial señaló que tras asumir el caso de Nicolás Petro, en 2024, sostuvo una reunión en la que, según Laborde, la fiscal general le habría pedido eliminar el delito de lavado de activos del expediente, a lo que ella se negó y, por eso, sostiene, habría sufrido persecución y represalias hasta que dejó el caso.
El testimonio de la exfiscal Lucy Laborde, pese a no exponer pruebas concretas, generó reacciones no solo del procesado, Nicolás Petro, quien se manifestó en contra a través de su abogado, y también del expresidente Petro, quien comentó que confía en la justicia colombiana.
Ante esta versión, la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado donde desmiente las acusaciones de la exfiscal Laborde, calificándolas “conjeturas, rumores, falsas creencias o interpretaciones subjetivas sin sustento, como las múltiples afirmaciones formuladas respecto a diversos temas por la citada exfuncionaria”.
La entidad, aunque aclaró que “respeta el derecho de cualquier exservidor a expresar la percepción y opinión sobre su paso por la entidad, limitándose a ofrecer información objetiva y verificable sobre hechos contrastables”, aseguró que, no obstante, los hechos fueron “presentados públicamente de manera sesgada, parcial e incompleta por la exfiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt”.
La Fiscalía explicó que Laborde recibió el caso por reparto automático y no por asignación discrecional. Así mismo, precisan que su desvinculación del caso, ocurrida el 16 de julio pasado, no tuvo relación con este expediente, “obedeció al concurso de méritos que la Fiscalía adelanta para proveer 4.000 cargos de planta, proceso de alcance general, no discrecional, sino realizado en cumplimiento de reiteradas órdenes judiciales del Consejo de Estado”.
“La desvinculación institucional de la exfiscal Laborde no fue un acto dirigido contra ella, sino la consecuencia natural del procedimiento administrativo en el cual el 77% de los fiscales especializados de su misma categoría (325 de 420) superaron las pruebas del concurso y están empezando a ejercer en propiedad la carrera judicial”, o en otras palabras, cumplió con los requisitos para acceder a su pensión y jubilarse.
Sobre la mencionada reunión del 5 de septiembre de 2024 con la fiscal general Luz Adriana Camargo, la Fiscalía indicó que “en ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión”.
“El único objeto de la reunión fue examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo, petición a la que no se accedió, como da cuenta la actuación. El proceso siguió bajo la orientación jurídica impartida por la exfiscal, como responsable del mismo, sin cambio alguno de la adecuación típica”.
De hecho, como consta en el documento publicado por la Fiscalía, en la actualidad, el caso contra Nicolás Petro continúa con los mismos cargos por delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, a la espera de que se resuelva los recursos de apelación e inicie el juicio oral.