La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine la posible responsabilidad del expresidente Gustavo Petro en el denominado Pacto de Valledupar. La decisión no equivale a una imputación ni demuestra responsabilidad penal.
Según la información conocida, el ente acusador abrió una noticia criminal el 31 de agosto en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La actuación se relaciona con reuniones realizadas en Valledupar, Cesar, en octubre de 2025, entre delegados del entonces Gobierno Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El caso tomó fuerza después de las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Ambos testimonios plantearon versiones distintas sobre el propósito de esos encuentros.
De acuerdo con los señalamientos divulgados, las reuniones se presentaron inicialmente como un espacio para hablar del cierre del Pacto de Ralito, la reparación a las víctimas y la situación jurídica de antiguos integrantes de las AUC.
Sin embargo, Mancuso aseguró que delegados del Gobierno les habrían pedido acusar públicamente a Petro, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, en medio del escenario electoral.
La controversia también involucró a Armando Benedetti, quien era ministro del Interior, y a Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para establecer si ambos conocieron o participaron en un supuesto plan para obtener declaraciones contra dirigentes políticos.
Mancuso negó que los antiguos jefes paramilitares hubieran aceptado esa solicitud. En un video publicado en redes sociales afirmó: “Delegados del gobierno Petro, nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas, acusar a tres hombres para ganar una elección”. La Fiscalía deberá verificar la autenticidad y el alcance de esas afirmaciones.
La remisión de copias a la Cámara se explica por el fuero constitucional de los expresidentes. Esa corporación es la encargada de evaluar si existen elementos para iniciar una investigación política y jurídica contra Petro por hechos ocurridos durante su mandato.
El caso ocurre mientras el nuevo Gobierno mantiene una confrontación política con antiguos funcionarios de la administración Petro. El presidente Abelardo De La Espriella ya había cuestionado a Benedetti y reclamado que las denuncias fueran esclarecidas por la justicia.
Por ahora, la actuación fiscal apenas inicia una nueva etapa. La Comisión de Acusaciones tendrá que revisar las copias y definir si abre un expediente formal, mientras la Fiscalía continúa recopilando testimonios, documentos y otros elementos sobre las reuniones de Valledupar.