El alcalde de Medellín y excandidato a la Presidencia, Federico Gutiérrez, radicó este martes, ante la Corte Constitucional, “una solicitud de medida cautelar de urgencia” con la que busca suspender los efectos del decreto de emergencia económica que anunció el Gobierno Nacional, con el que esperan recaudar cerca de $11 billones en concepto de nuevos impuestos para este año.
“Como Alcalde y ciudadano, siempre he confiado en las instituciones y seguiré confiando. Confiamos en que las instituciones preservarán la democracia y que mantendrán, justamente, el orden legal en Colombia. Nadie está por encima del orden legal, mucho menos el presidente”, dijo por medio de un comunicado el mandatario distrital.
El Alcalde también extendió un llamado a académicos, ciudadanos, empresarios, alcaldes, gobernadores, asociaciones y gremios para que “ejerzan su derecho y deber de participación ciudadana en defensa de la integridad de la Constitución Política ” y adhieran a la solicitud que radicó hoy ante la Corte.
Y añadió: “Tenemos elementos suficientes y detallados en este documento de 48 páginas, consideramos que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Pedimos que, en los próximos días, ojalá muy rápido, esa medida cautelar se haga efectiva. Es muy grave tener un presidente que se quiere imponer sin respetar la separación de poderes. Esto pone a prueba la democracia y las instituciones”.
Según él, el decreto de emergencia económica del Gobierno se dio en el entendido de una “supuesta crisis”, cuyos argumentos fueron “el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional relacionado con la Boletín N.° 54 13 de enero de 2026 Unidad de Pago por Capitación (UPC) de salud, obligación que está pendiente desde hace tres años". Otro de los fundamentos para es decisión fue, según señalan, “la garantía de seguridad por alteraciones en el orden público, que no es acorde con los beneficios que desde la Presidencia se otorgan a los grupos criminales”.
El burgomaestre añadió que, sumado a estos argumentos, estuvieron emergencias de tipo natural, como olas invernales y el pago de sentencias judiciales “las cuales no ameritan una emergencia económica, dado que no son imprevisibles”, según señaló.
Frente a esto, Gutiérrez aseguró que desde la Alcaldía de Medellín se interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Publicado el 22 de diciembre del año pasado, el documento firmado por el Presidente declara dicho estado de emergencia por un término de 30 días calendario, y responde a la no aprobación por parte el Congreso de la República del proyecto de Ley de Financiamiento para las vigencias del 2025 y el 2026, con el que el Ejecutivo esperaba recaudar $12 billones y $16.3 billones respectivamente.