La exfiscal Lucy Laborde, quien en su momento estuvo a cargo del caso del hijo del expresidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se habría quedado sin esquema de seguridad, en medio de la polémica tras sus declaraciones en las que aseguró haber sido víctima de presuntas presiones para evitar que imputaran el delito de lavado de activos en el caso.
La información revelada por Semana detalla que la Fiscalía General de la Nación le dijo a la exfiscal que no existía una situación de riesgo a la que fuera vulnerable, que justificara la continuidad de su respectivo esquema.
En el documento dado a conocer por el mencionado medio de comunicación, el ente investigador señala que, en cumplimiento de la ley de protección, no es responsabilidad de la Fiscalía brindarle un esquema de seguridad a Laborde, sino que, en su calidad de exfuncionaria la evaluación sobre su situación de riesgo recae en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Es decir que la Fiscalía no puede destinar recursos para salvaguardar la vida de la exfiscal.
Laborde fue recientemente mencionada tras asegurar en entrevista con Semana que, durante su periodo delegada para la investigación del caso de Nicolás Petro, habría recibido presiones por parte de la entonces fiscal general, Luz Adriana Camargo, para únicamente dejar el delito de enriquecimiento ilícito y omitir el de lavado de activos.
Según la respuesta de la Fiscalía, la reunión en la que presuntamente la exfiscal Laborde habría sido víctima de las presiones, fue llevada a cabo el 5 de septiembre de 2024 y esta no hubo ningún tipo de orden en referencias a la no importación del delito de lavado de activos, ya que el encuentro tenía por objetivo examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo.
Incluso, la exfical aseguró que después de negarse a dicha petición fue apartada de la investigación y trasladada a una sede en Barranquilla.
Por su parte, la Fiscalía calificó estas denuncias como “interpretaciones subjetivas sin sustento”, asegurando que los hechos no se desarrollaron de esa forma.
Según la respuesta de la Fiscalía, la reunión en la que presuntamente la exfiscal Laborde habría sido víctima de las presiones, fue llevada a cabo el 5 de septiembre de 2024 y esta no hubo ningún tipo de orden en referencias a la no importación del delito de lavado de activos, ya que el encuentro tenía por objetivo examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo.
“En ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión. El único objeto de la reunión fue examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo, petición a la que no se accedió, como da cuenta la actuación. El proceso siguió bajo la orientación jurídica impartida por la exfiscal, como responsable del mismo, sin cambio alguno de la adecuación típica”, señaló la Fiscalía General de la Nación.