Emilio Tapia, condenado por su participación en el caso de Centros Poblados y el carrusel de contrataciones de Bogotá quedó en libertad, tras la decisión de una juez, que tiene dos investigaciones disciplinarias por presuntamente favorecer al implicado.
Tapia salió en las últimas horas de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, luego de hacerse efectiva la orden de la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.
Hace más de un mes, un juez de Bogotá revocó el beneficio de libertad condicional que lo cobijaba, luego de haber logrado en abril de este año su libertad condicional.
La decisión de dio porque, en su momento, el juzgado 15 penal de circuito de conocimiento de Bogotá consideró que había al menos dos razones para ordenar su recaptura, en decisión tomada el pasado 10 de octubre.
“Ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento que disponga el Inpec”, señaló un aparte de la decisión.
Las razones estimadas por el juzgado fueron que los delitos cometidos por el contratista y empresario en el llamado cartel de la contratación en Bogotá eran lo suficientemente graves y lesivos como para permitirle obtener libertad condicional.
Además que Tapia había reincidido en otros hechos de corrupción, en medio de su condena, como fue el caso de Centros Poblados, que se conoció en agosto de 2021 y relacionado con un contrato millonario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que pretendía llevar conectividad a internet a escuelas rurales del país.
Sin embargo, nunca instalaron los centros digitales del contrato y se esfumaron los $70.000 millones que la cartera TIC le giró como anticipo, lo que derivó en investigaciones disciplinarias y judiciales, en las que terminó de nuevo involucrado Tapia.
Por ello, en diciembre de 2024, Tapia fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el caso de corrupción de Centros Poblados y en irregularidades contractuales en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
En contratista firmó un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, y se comprometió a colaborar con la justicia y asumió la responsabilidad de reintegrar $5.063 millones que había apropiado ilícitamente.
*Con información de Colprensa.