El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un documento sobre la situación jurídica de Verónica Alcocer, esposa del expresidente Gustavo Petro, esto en medio de señalamientos por presuntos delitos internacionales.
De acuerdo con lo publicado por NTN24, la entidad estadounidense confirmó que Alcocer continúa dentro de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La medida señala que la Orden Ejecutiva 14-059 se relaciona con el apoyo de Alcocer al gobierno de su exesposo Gustavo Petro.
“Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la Orden Ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, se lee en el documento.
El Departamento del Tesoro se refirió a las políticas aplicadas durante el gobierno Petro, en específico a la ejecución de la política de Paz Total.
Según la entidad, las medidas adoptadas otorgaron condiciones favorables a organizaciones criminales, coincidiendo con datos reportados sobre el incremento en la cantidad de hectáreas de cultivos de coca en el territorio colombiano.
“Ha concedido beneficios a las organizaciones narcoterroristas bajo los auspicios de su Plan de Paz Total, entre otras políticas, lo que ha dado lugar a niveles récord de cultivos de coca”, expone el documento.
Asimismo, el documento cita el antecedente sobre la designación de Alcocer como embajadora en misión especial. El nombramiento fue dejado sin efecto por los tribunales colombianos al determinar que la decisión incumplía el artículo 126 de la Constitución Política, el cual regula las contrataciones y nombramientos de familiares de altos funcionarios públicos.
“La primera dama Verónica del Socorro Alcocer García fue nombrada en su momento de forma inconstitucional por Gustavo Petro para desempeñar el cargo de embajadora en misión oficial. Posteriormente, un tribunal colombiano anuló el nombramiento al considerar que este infringía el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al presidente colombiano nombrar a su cónyuge o pareja”, aseguraron.
A la par del pronunciamiento internacional, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa dirigida al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Fuerza Aérea Colombiana.
La actuación del Ministerio Público busca verificar las declaraciones hechas por Eva Ferrer, exconsejera para la Reconciliación, quien sostuvo en una entrevista que en aeronaves de uso oficial fueron usadas para presuntamente cometer crímenes internacionales.
Sin embargo, por ahora será un juez de la República quien determinará responsables en estas investigaciones.