Una delicada controversia gira en torno a la campaña política del candidato presidencial Iván Cepeda y de cómo son administrados los bienes incautados y administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Revelada por la Revista Semana, la denuncia señala que el pasado 10 de enero la finca El Hatillo, ubicada en el municipio de Baranoa, Atlántico, fue utilizada para actividades políticas relacionadas con la campaña a la Presidencia del candidato de la izquierda en Colombia.
Las irregularidades surgen porque este predio tiene medida cautelar luego de ser incautado y administrado por la SAE al encontrarse proveniente de actividades ilícitas, lo cual se configura como una grave irregularidad administrativa.
De acuerdo con el citado medio periodístico, a este evento acudieron varias personas que se reunieron en un quiosco de palma dentro del predio mencionado. Esto porque el encuentro fue difundido abiertamente a través de la cuenta en redes sociales del Pacto Histórico en el departamento del Atlántico.
La pieza publicitaria difundida mencionaba que el objetivo de la campaña era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”, y donde los convocantes eran integrantes del equipo agrario del Pacto Histórico.
Según lo revelado por Semana, este predio con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424, perteneció al empresario asesinado Julio César Polanía, señalado por las autoridades de haber tenido nexos con estructuras paramilitares en esa zona del Caribe y, presuntamente, vínculos con la banda criminal de Los Costeños, organización que adelanta negociaciones de paz con el Gobierno Petro.
Se pudo conocer que, para el momento en que se realizó este encuentro, el precandidato Iván Cepeda estaba realizando su gira por España, y que él “no tenía conocimiento del evento y tampoco autorizó el uso de su imagen”.
En este punto quedan en vilo varios cuestionamientos: el primero es sobre quién dio la autorización para realizar este evento político; y el segundo, que consume aún más la gravedad, es sobre cómo están administrando estos bienes incautados por la mafia colombiana.
Cabe recordar que la página oficial de la SAE sostiene que una de sus funciones es “velar por la correcta administración y disposición de los bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio, a través de los mecanismos definidos por la ley 1708 de 2014”.
Sin embargo, quedaría claro que no están cumpliendo con su misionalidad de supervisarlos y entregarlos al trabajo productivo en los territorios.
*Redacción de El País y de Colprensa.