El presidente Abelardo De la Espriella designó a Viviane Morales Hoyos como nueva consejera comisionada de Paz, cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de examinar el avance de la implementación de los acuerdos de paz y evaluar los resultados de las políticas impulsadas en esta materia.
Además, asumirá temporalmente la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. La decisión fue comunicada por la Presidencia de la República el 22 de octubre, en el marco de los cambios que adelanta el Ejecutivo en su política de paz.
Según el anuncio oficial, una de las principales tareas de Morales será verificar el cumplimiento de los compromisos pactados, revisar cómo se han invertido los recursos estatales y establecer qué obstáculos institucionales han dificultado el desarrollo de estas medidas.
Entre los aspectos que deberá examinar se encuentran las condiciones de acceso a la justicia, los mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto armado y las garantías de seguridad previstas en los acuerdos.
El nombramiento también está relacionado con la intención del Gobierno de revisar el funcionamiento de las entidades y los mecanismos encargados de ejecutar estos compromisos. La administración de De la Espriella busca identificar las estructuras que, a su juicio, requieren modificaciones por considerar que se han alejado de los objetivos para los que fueron creadas.
En el comunicado, la Presidencia utilizó la expresión “desmonte de la falsa paz” para referirse a esta revisión, una postura con la que el Ejecutivo cuestiona los resultados de las políticas implementadas por gobiernos anteriores.
Los cambios en la política de paz del Gobierno
La llegada de Morales a la Consejería Comisionada de Paz se produce después de que el Gobierno anunciara modificaciones en su relación con distintas organizaciones armadas y en los mecanismos de diálogo que estaban vigentes.
En septiembre, el Ejecutivo dio por finalizados varios procesos de negociación y espacios de conversación sociojurídica. Entre ellos se encontraban los relacionados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Comuneros del Sur y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
En este contexto, la nueva funcionaria tendrá que revisar las medidas existentes y plantear los ajustes que considere pertinentes, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
La Presidencia señaló que la política de paz de esta administración estará enfocada en la verificación de los compromisos, el acceso a la justicia, la seguridad y la reparación de las víctimas.