El presidente Gustavo Petro deberá retractarse de los señalamientos hechos durante una alocución presidencial contra Joseba Grajales, dueño de Sanitas.
Así lo determinó el Consejo de Estado, al dar a conocer su fallo en favor del empresario español, quien había interpuesto una acción de tutela en contra del Jefe de Estado, argumentando que éste con sus palabras, había vulnerado sus derechos al buen nombre, honra, igualdad, libertad de circulación y presunción de inocencia.
Para el Consejo de Estado, Grajales es quien ha tenido la razón en el desarrollo de este proceso, por lo que de terminó que el presidente Petro deberá de rectificar las afirmaciones hechas en contra del Grupo Keralty, multinacional dueña de la EPS Sanitas.
Las polémicas palabras expresadas por el Jefe de Estado colombiano se dieron en medio de una alocución presidencial llevada a cabo el pasado 25 de julio. En este espacio, el Mandatario afirmó que se había presentado un “robo inmenso” en la EPS Sanitas, que en ese momento había sido intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
“Entonces nos quitaron Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumó todas nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”, dijo en dicha alocución el presidente Petro.
En ese mismo espacio, el Mandatario continuo la arremetida contra la multinacional española afirmando que había robado dinero y cometido crímenes de lesa humanidad.
“Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad. Que está pasando, que no investigan penalmente, les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo no solo del político”.
De hecho, en sus declaraciones Petro no tuvo reparos en asegurar que Keralty debía irse del país y que su propietario, Joseba Grajales era un “criminal”.
“Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”, sostuvo el Mandatario colombiano en ese momento.
Bajo todo este contexto, es que el Consejo de Estado determinó modificar la sentencia en primera instancia, amparando los derechos fundamentales del empresario español y ordenando a Gustavo Petro a a hacer una rectificación sobre los señalamientos en contra de la EPS y de Grajales.