El Consejo de Estado concluyó la fase de pruebas y unificó las demandas interpuestas contra el Decreto 1469 de 2025, el cual fijó el incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026.
La Sección Segunda de la corporación estudiará los recursos presentados por particulares y gremios para emitir un único fallo que determine la legalidad de la medida.
Frente a esto, Gustavo Petro se pronunció sobre el proceso judicial que cursa en el Consejo de Estado respecto al incremento del salario mínimo fijado durante su gobierno.
En un mensaje en su cuenta de X, este martes el expresidente cuestionó al alto tribunal, sostuvo que la revisión de la medida afecta el ingreso de los hogares y llamó a los trabajadores a la movilización en las calles y a una huelga general.
La controversia se centra en el Decreto 0159 de 2026, que dejó el salario mínimo mensual en $1.750.905. El Consejo de Estado evalúa las demandas presentadas contra la norma para determinar si fue un aumento ilegal.
“Trabajadores de Colombia, el Consejo de Estado hoy es una oficina de la Casa de Nariño, lástima, pero aquí revocaron el salario mínimo vital, que es el mínimo ingreso que garantiza la vida de cualquier familia trabajadora y de todas con una sola firma de un burócrata adinerado, llevan al empresariado a la quiebra al reducir sustancialmente el consumo interno y por tanto, el mercado interno del país”, afirmó el exmandatario.
El expresidente expone que la revisión del ajuste salarial compromete el consumo interno y la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas en el país.
“El Consejo de Estado, y ojalá esa decisión fuera de sala plena, lleva a Colombia, por una sola decisión judicial, quizás de un magistrado, al camino de bancarrota de Argentina y a la violencia. Sépalo bien la clase media de Colombia, mi gobierno la volvió mayoría social al hacerla crecer numéricamente solamente porque disminuyó la pobreza por el aumento del salario mínimo vital”, aseveró Petro.
Las afirmaciones del expresidente vinculan el incremento del salario con la reducción de la pobreza y la contracción de delitos de alto impacto durante su período de gobierno.
“Al desaparecer inconstitucionalmente el salario mínimo vital que la misma Constitución de 1991 ordenó, el Consejo de Estado da réquiem por la clase media de Colombia. Toda la sociedad debe saber del enorme riesgo de pobreza y quiebra generalizada que conlleva esta decisión judicial de jueces clasistas”, sostuvo.
La respuesta política planteada ante las decisiones del alto tribunal apela directamente a los trabajadores del sector formal e informal para iniciar jornadas de protesta en las principales ciudades del país.
“No llamo solo a las centrales obreras, llamo al trabajador y trabajadora de la calle y del campo y del taller y la oficina a moverse, a mover el esqueleto por el derecho al salario vital. Le declaran la guerra al pueblo trabajador y el pueblo trabajador debe responder con millones de personas en las calles hacia la huelga general y el poder constituyente del pueblo”, concluyó el expresidente.