El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf quedó bajo el escrutinio del Consejo de Estado luego de que el alto tribunal admitiera para su estudio una demanda que solicita la pérdida de su investidura, a raíz de los señalamientos realizados por Eva Ferrer, exasesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer.
La decisión representa un nuevo capítulo judicial de la controversia que surgió después de las declaraciones de Ferrer en una entrevista con SEMANA, en la que habló sobre una presunta influencia de personas cercanas a Alcocer en diferentes entidades del Estado durante la administración de Gustavo Petro.
La demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), quien considera que las actuaciones atribuidas al congresista podrían configurar la causal de tráfico de influencias, contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.
Según el recurso judicial, Escaf habría intervenido en nombramientos y decisiones administrativas de organismos públicos del orden nacional cuando se desempeñaba como representante a la Cámara por el Atlántico.
Los señalamientos de Eva Ferrer que originaron la demanda
En sus declaraciones, Ferrer mencionó al senador Agmeth Escaf y a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, como personas que supuestamente tenían influencia sobre distintas instituciones públicas.
Entre los organismos mencionados estuvieron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ProColombia.
La exasesora aseguró que ambos habrían tenido injerencia en decisiones relacionadas con cambios de directivos y movimientos administrativos dentro de esas entidades.
Uno de los episodios señalados estuvo relacionado con la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF. También mencionó cambios en el Dapre y presuntas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de ProColombia.
Estas afirmaciones fueron incorporadas como fundamento de la demanda presentada ante el Consejo de Estado. Sin embargo, corresponden a señalamientos que deberán ser examinados dentro de la actuación judicial y no constituyen hechos judicialmente probados.
¿Qué busca la demanda contra el senador?
Entre las solicitudes presentadas por Juan Carlos Calderón España está que Eva Ferrer sea citada a declarar ante el alto tribunal para ratificar y ampliar sus afirmaciones.
El demandante también pidió incorporar como material probatorio la entrevista concedida por la exasesora a SEMANA, recibir testimonios de antiguas directivas de las entidades mencionadas y solicitar información oficial a diferentes organismos del Estado.
La acción judicial busca que se determine si las conductas atribuidas a Escaf configuran la causal constitucional de tráfico de influencias y, de ser así, se ordene la pérdida de su investidura.
Por ahora, la controversia se encuentra en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si los hechos expuestos en la demanda tienen relevancia jurídica suficiente para justificar la pérdida de investidura del congresista.