Empiezan a conocerse los primeros pronunciamientos por parte de representantes de la política regional, luego de que El País publicara en exclusiva el relato de alias Ronald Gómez, un exintegrante de las disidencias que fue reclutado desde niño, según el cual este grupo armado habría tenido una importante injerencia a la hora de escoger candidatos a alcaldías y concejos en la región del Cauca y el Valle en las pasadas elecciones regionales del 2023.
Uno de los congresistas que ha alzado su voz ha sido el actual representante a la Cámara por el Valle y recientemente elegido como senador, Duvalier Sánchez, quien publicó en su cuenta de X lo siguiente:
“Lo hemos dicho siempre. También incidieron en las elecciones a la Alcaldía de Jamundí y Gobernación del Valle, solo basta ver las coincidencias electorales en las zonas de montaña controladas por la guerrilla, les puedo ayudar con eso", aseguró Sánchez.
También añadió que, en los próximos días, brindará información acerca de quién era la candidata a la alcaldía y la gobernación que contaba con el apoyo del concejal que habría sido elegido con ayuda de las disidencias: “Pronto se lo contaré a todo el país, con evidencia como me gusta dar los debates”, aseguró.
No fue el único. El actual senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa también se pronunció frente al hallazgo periodístico, lanzando una alerta acerca de la integridad de la democracia en el país, a raíz de lo publicado por cuenta de alias Ronald Gómez:
“Hoy quisiera elevar una alerta para la democracia colombiana. Lo conocido a través de este testimonio es sumamente grave y debe ser investigado con la mayor rigurosidad”, afirmó el congresista.
Añadió: “El testimonio es muy completo y, de confirmarse, demostraría que el constreñimiento al electorado sigue siendo una realidad vigente en el Valle del Cauca y en el suroccidente del país”, señaló Motoa.
El senador también advirtió que estas presuntas acciones habrían tenido como objetivo consolidar control territorial mediante la elección de alcaldes y concejales que asumieron compromisos para interferir en asuntos de seguridad e inteligencia.
“Estamos ante hechos que, de ser ciertos, comprometen gravemente la transparencia electoral y la institucionalidad. No podemos permitir que la ilegalidad siga infiltrando la democracia”, agregó.
Cabe recordar que en la investigación Ronald Gómez explicó que, dentro de los compromisos que asumían las personas electas en estos lugares, debían rechazar la presencia de la Fuerza Pública y las actividades de inteligencia militar al interior de los territorios de interés para las disidencias.