Por Néstor Raúl Quiroz Céspedes, profesor e investigador Universitario.
Este escrito pretende ser un llamado a comprender que la democracia no es un acto mecánico ni emocional, sino una responsabilidad profunda que compromete el equilibrio del Estado y el futuro colectivo frente a gobernantes ineptos o, como empieza a denominarse con mayor frecuencia, frente a una peligrosa ineptocracia.
Colombia se aproxima, una vez más, a un nuevo ciclo electoral atrapada en una paradoja que se repite con inquietante regularidad: la promesa del cambio frente a la persistencia de las mismas prácticas políticas. No importa si el nombre del candidato proviene de la izquierda o de la derecha, si encarna el discurso progresista o si se reviste del lenguaje de la seguridad y el orden.
Con Iván Cepeda o Abelardo de La Espriella como metáfora de los extremos ideológicos, el país parece condenado a reproducir un libreto ya conocido, donde el ruido reemplaza al argumento, la descalificación sustituye al proyecto y la emoción anula a la razón. Desde una perspectiva epistemológica, esta degradación del discurso político no es accidental.
Como advertía Hannah Arendt, cuando la mentira se normaliza en el espacio público, la capacidad ciudadana de distinguir entre verdad y falsedad se erosiona peligrosamente. En Colombia, el lenguaje político ha devenido en una forma sofisticada de violencia simbólica, en los términos de Pierre Bourdieu, donde el poder se ejerce, no por la fuerza de los argumentos, sino por la imposición emocional de relatos simplificados, polarizantes y moralmente vacíos.
Hoy, el debate electoral oscila entre dos extremos igualmente problemáticos. De un lado, la narrativa del “cambio” que promete transformaciones estructurales, pero que en la práctica ha sido, como lo demuestra la experiencia reciente, una forma de continuismo de viejas lógicas clientelares, improvisación administrativa y tolerancia con la corrupción.
Del otro, el discurso de la “seguridad total”, que reduce la complejidad del Estado a una promesa de mano dura, persecución penal y retorno a una guerra que ya ha demostrado ser incapaz de resolver las causas estructurales del conflicto. Ambos relatos comparten un rasgo común: la ausencia de autocrítica y de responsabilidad histórica. Sin embargo, en Colombia parece haberse instalado una amnésica cultura política, donde cada elección borra selectivamente los fracasos del pasado y reinventa promesas sin memoria ni consecuencias.
Esta amnesia colectiva no es solo un problema cultural, sino también institucional. La profunda corrupción del aparato electoral, la captura de organismos de control, el uso instrumental de la justicia y la financiación opaca de campañas minan la confianza ciudadana y vacían de sentido el acto mismo de votar. Como advertía Norberto Bobbio, cuando las reglas del juego democrático se distorsionan, la democracia sobrevive solo como una fachada procedimental, no como un sistema ético de convivencia política.
En este contexto, el elector colombiano no elige al mejor candidato, sino como ya se ha vuelto lugar común: al menos peor del más malo. Se vota por miedo, por rabia o por hastío; rara vez por convicción informada. La política se ha reducido a una lógica de supervivencia emocional, donde el ciudadano no es un sujeto crítico, sino un consumidor de consignas. La demagogia, el populismo y la verborrea se convierten así en herramientas centrales de la competencia electoral.
En Colombia, esta lógica ha sido llevada al extremo, fragmentando el tejido social y anulando cualquier posibilidad de consenso mínimo sobre lo fundamental: educación, salud, justicia, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional. El problema, entonces, no es ideológico, sino estructural y ético.
Como advertía Edgar Morin, las sociedades contemporáneas enfrentan una crisis de pensamiento: soluciones simples para problemas complejos. Colombia no escapa a esta trampa cognitiva. La política se ha empobrecido intelectualmente y ha renunciado a la complejidad, al análisis sistémico y a la planeación de largo plazo. De continuar por este camino, no resulta arriesgado afirmar que, con Cepeda o De La Espriella, en 2030 Colombia seguirá igual… y quizás peor.
No porque el destino esté escrito, sino porque las prácticas políticas no han cambiado, y sin transformación de las prácticas, no hay transformación de los resultados. La pregunta que debería guiar este nuevo ciclo electoral no es quién grita más fuerte ni quién promete castigar con mayor severidad, sino quién está dispuesto a dignificar la política, a devolverle su carácter deliberativo, técnico y ético.
Se requiere una ciudadanía menos emocional y más reflexiva; menos amnésica y más consciente; menos polarizada y más exigente.