La llamada ley de rescate fiscal o reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella empezará su trámite la próxima semana con audiencias públicas y se espera que sea votada los primeros días de diciembre.
A partir del lunes, las comisiones económicas conjuntas iniciarán unas audiencias públicas, primero será en Bogotá, en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.
El jueves será en la ciudad de Cali, donde aún no se conoce donde se desarrollará la jornada, y el viernes será en Barranquilla.
En esas audiencias se escucharán a los sectores que posiblemente puedan salir afectados por la ley de rescate económico.
Estos espacios serán destinados para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, escuche a los diferentes sectores de la sociedad, como agremiaciones, entre otros que consideren que pueden verse afectados con el proyecto mencionado.
De esa forma, la Administración espera encontrar una salida al problema fiscal que hoy tiene Colombia, sin afectar a los estratos 1 y 2.
En ese sentido, se espera que luego de esas audiencias, el Congreso pueda iniciar la votación de la iniciativa y que, a más tardar, el 2 de diciembre ya quede listo el primer debate.
Esta semana, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó las modificaciones que el Gobierno pidió incorporar al proyecto.
Martínez, en primer lugar, señaló que el presidente Abelardo De La Espriella, desde el inicio del trámite pidió al equipo económico no tocar la canasta básica, ni el IVA a la medicina prepagada, como tampoco a los agroinsumos, “no se modifica el IVA de la canasta básica, no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud”, sostuvo en la sesión de las comisiones económicas, a la vez que informó que el recorte previsto ahora es de $23.7 billones.
Al defender la necesidad de la reforma, sostuvo que sin un ajuste, la deuda y los intereses continuarían creciendo y podría perderse el acceso a la financiación, “si no actuamos, lo que va a suceder es que el mercado va a realizar el ajuste. Y lo hará de manera brusca y desordenada. El mercado no se quedará con los brazos cruzados, el mercado actuará”.
Gómez indicó que se busca un menor gasto operativo de aproximadamente $ 8 billones anuales hasta 2030, un recorte del 50 % de las OPS, una disminución cercana al 20 % de los gastos de nómina, excepto en defensa y seguridad, y la racionalización de 189 transferencias. También incluye la fusión o eliminación de entidades y la venta de activos improductivos.