En medio de una de las crisis más delicadas de seguridad en el Cauca, el Gobierno nacional despliega una estrategia conjunta con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en una mesa de alto nivel donde se evalúan los pasos para garantizar la vida de 57 militares secuestrados.
La reunión se lleva a cabo en el marco de un Consejo de Seguridad extraordinario, que incluye la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, y el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.
La cita tiene lugar mientras se avanza en la liberación de los uniformados, retenidos desde hace 48 horas en el Cañón del Micay.
Desde el terreno, Benedetti aseguró que el proceso de liberación “ya está en marcha” y se espera que se concrete “sin poner en riesgo la vida de ninguno de ellos ni de la población civil”. Además, reafirmó que el Gobierno rechaza categóricamente el secuestro como una práctica que vulnera el Derecho Internacional Humanitario.
De acuerdo con las autoridades, los cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales fueron retenidos por aproximadamente 200 personas que estarían siendo instrumentalizadas por el Grupo Armado Organizado Residual Carlos Patiño, mientras cumplían operaciones en el municipio de El Tambo, Cauca.
El Ejército Nacional, por su parte, informó que tropas de la Tercera División se encuentran en coordinación directa con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría para el movimiento logístico que permita el retorno de los uniformados.
Las acciones se concentran en garantizar que todo se realice bajo el respeto a los principios humanitarios.
Las autoridades han subrayado que no ha habido ninguna orden de inacción. Según Benedetti, “no podemos operar de forma que se violen los derechos humanos. El Estado actúa con responsabilidad y firmeza”.
En medio de esta situación, el Gobierno insiste en que no cederá ante las presiones de estructuras criminales, y ha reiterado su apuesta por la presencia institucional, la inversión social y la consolidación de la paz en la región.
Mientras tanto, el Ejército Nacional confirma que seguirá presente en el Cañón del Micay, cumpliendo su misión de brindar seguridad, acompañamiento y protección a las comunidades afectadas por la violencia armada.
La operación en curso es observada de cerca por organismos nacionales e internacionales, que monitorean las condiciones de seguridad y el cumplimiento de protocolos humanitarios durante este proceso crítico.