Ocho meses y más de cien horas de audiencias tomó la primera solicitud de preclusión de la investigación que presentó la Fiscalía General de la Nación en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual fue negada.
A partir de hoy, el ente acusador lo volverá a intentar, en una petición que parece tener muchas similitudes.
El pasado 28 de abril, la juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, negó la solicitud de preclusión a favor del exmandatario, argumentando que el ente acusador no demostró elementos de juicio suficientes para cesar el proceso, acogiendo los argumentos de quienes se presentaron como víctimas en esta actuación.
Es decir, el senador Iván Cepeda, el exfiscal general Eduardo Montealegre, y la exesposa del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez, entre otros. Además, en su decisión, la Juez 28 le sugirió a la Fiscalía practicar varios actos investigativos.
Esta decisión trajo como consecuencia directa que la entidad tuviera que cambiar de fiscal encargado del caso. Gabriel Jaimes dejó el cargo por agotar los tiempos de investigación y lo reemplazó Javier Fernando Cárdenas.
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A su llegada, el nuevo fiscal ordenó que se practicaran más de 20 nuevas pruebas, acogiendo las recomendaciones de la Juez 28, entre las que se cuentan catorce declaraciones, un interrogatorio al imputado, siete inspecciones a diferentes autoridades y una búsqueda selectiva en base de datos.
Además practicaron pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información del teléfono celular, entre otras.
Con base en esto, Cárdenas, contrario a lo que esperaban las víctimas, decidió volver a solicitar la preclusión del caso.
“El fiscal de conocimiento, con plena autonomía e independencia, y atendiendo criterios de imparcialidad legal y objetividad probatoria, consideró que se han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que serán presentadas en la audiencia respectiva”, explicó la Fiscalía General.
Interrogatorio
Uribe rindió interrogatorio ante el ente acusador el 18 de julio de este año. Durante esta diligencia, el exmandatario reafirmó lo que ha dicho en varios escenarios.
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“Yo nunca tuve interés distinto en que se verificara la información que me llegaba. Nunca mi iniciativa fue buscar testigos. Jamás ha pasado por mi mente sobornarlos. Siempre pedí que todo se mandara a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte verificara, por ser la competente”.
Dentro su declaración, Uribe también reafirmó que no conoce a Juan Guillermo Monsalve. “No lo conozco de manera directa. De manera indirecta, por este proceso. Su padre fue contratista de la hacienda Guacharacas, información que he recibido de mi hermano Santiago. Pudo ser administrador de la hacienda, pero luego de que mi familia salió de allí”.
Una respuesta similar entregó el expresidente cuando le preguntaron sobre Enrique Pardo Hasche, otra de las fichas clave de este proceso. “Yo nunca le mandé a decir nada. No lo conozco”.
Declaraciones de Arias
Dentro de las pruebas recogidas se encuentra también la declaración del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por el caso Agro Ingreso Seguro, en donde revela información que recogió durante los dos años que estuvo en la Federal Detention Center, de Miami, EE. UU., en dos temporadas.
Según la declaración conocida por el diario el Tiempo, Arias dice que durante su permanencia en esa cárcel conversó con alias Gordo Lindo, ‘Don Berna’, ‘Cuco Vanoy’, ‘Macaco’, ‘Mi Sangre’; muchas de esas personas del narcotráfico que han terminado en ese centro de detención. Y ellos, de su propia cuenta, me empezaron a contar cosas”.
En este sentido, Arias agrega que, en medio de estas conversaciones, alias Gordo Lindo le habló de un plan que la mafia estaba tejiendo en contra de Uribe y de su hermano, el ganadero Santiago Uribe.
“Me dijo que Ramón Quintero era el patrón del mayor Meneses, que Ramón Quintero puso al mayor Meneses ahí en Buga, en algún momento, para que le permitiera hacer sus cosas y poder moverse y movilizarse sin ningún problema para que él le controlara la seguridad y le estuviera reportando a Ramón Quintero. Y me dijo ‘Gordo Lindo’ que Ramón Quintero puede desvirtuar el testimonio del mayor Meneses en contra de Santiago Uribe”, declaró Arias.
Proceso judicial
El proceso contra Álvaro Uribe tuvo su génesis en el 2012, cuando después de un debate en el Congreso, cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda por haber, supuestamente, ofrecido sumas de dinero y beneficios jurídicos a antiguos jefes paramilitares para que declararan en contra del exmandatario y lo señalaran de ser el presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y autor de crímenes como la masacre del Aro.
Seis años después, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda de los delitos que se le acusaban, y reveló que, por el contrario, había encontrado pruebas de cómo Uribe, presuntamente, había manipulado testigos que su abogado Diego Cadena se encargaba de contactar en algunas cárceles.
Por esta razón, el 24 de julio de 2018 el alto tribunal decidió abrir una investigación formal en su contra.
Momentos clave
El 8 de octubre de 2019, Álvaro Uribe Vélez se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y rindió una declaración libre.
El 4 de agosto de 2020, el alto tribunal, luego de más de dos años de investigaciones, ordenó la prisión domiciliaria contra el expresidente, porque encontró evidencias de posibles riesgos de obstrucción a la Justicia por parte suya durante el recaudo de pruebas para el proceso que había solicitado.
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El 18 de agosto del mismo año, Uribe Vélez envió una carta al entonces presidente del Senado, Arturo Char, presentando su renuncia a la curul que ocupaba en el Senado de la República desde 2014. Según él, la medida de detención domiciliaria en su contra anulaba sus posibilidades de regresar al Legislativo.
El 31 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió enviar a la Fiscalía General de la Nación el expediente de la investigación en contra de Álvaro Uribe, investigado por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.
El 4 de septiembre el proceso fue asumido por el fiscal delegado ante la Corte, Gabriel Jaimes.
El 6 de noviembre de 2020, el Juez Cuarto de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la decisión de que Uribe pudiera afrontar el proceso en libertad. Además, consideró que en la investigación se podía equiparar la indagatoria hecha en la Corte bajo la antigua Ley 600 del 2000, con la imputación de cargos, que hace parte del actual Código de Procedimiento Penalo Ley 906 de 2004.
El 15 de enero del 2021, por considerar que existía una violación al debido proceso en la decisión de equiparar la indagatoria con la imputación, los abogados del expresidente radicaron una tutela en contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá.
El 27 de enero del mismo año el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que buscaba que no fueran los magistrados quienes decidieran el nuevo rumbo del proceso, sino que pasara a ser competencia de la Fiscalía, decisión que fue impugnada.
El 5 de marzo de 2021, el fiscal a cargo del proceso, Gabriel Ramón Jaimes, solicitó audiencia ante un juez de conocimiento para pedir la preclusión de la investigación contra el exmandatario.
El 26 de julio de 2021 Inició la audiencia de preclusión contra el expresidente Uribe.
El 28 de abril de 2022 concluyó la audiencia y el Juez negó la preclusión del caso.