El excanciller Álvaro Leyva Durán lanzó críticas a la JEP al señalar que la actuación actual de la entidad es diferente a lo acordado en el proceso de paz con las extintas Farc, como había sido expuesto en la ONU.
“La JEP de hoy no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272. ¿Hoy la JEP es una provocadora metamorfosis de lo allí señalado? ¿Kafkas haciendo de magistrados? Habría que decirles, ¡mamola!”, expresó.
Cabe recordar que estas declaraciones se dan a pocos días del segundo debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso, donde la JEP pidió mantener los $821.803 millones que el Gobierno incluyó inicialmente para su funcionamiento y advirtió que el recorte de $170.000 millones aprobado en primer debate comprometería la atención a las víctimas, la protección de quienes participan en los procesos y el avance de las investigaciones sobre el conflicto armado.
De acuerdo con la Jurisdicción, la reducción, que llevaría el presupuesto a $651.803 millones, representa una disminución del 16,6% frente a los recursos que tiene asignados para 2026. Dicho ajuste contempla un recorte de $140.000 millones en inversión y de $30.000 millones en funcionamiento.
La entidad explicó que la disminución de los recursos de inversión limitaría la realización de audiencias y diligencias judiciales en los territorios donde ocurrieron los crímenes, así como la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas acreditadas, que actualmente ascienden a 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos que representan a cerca de 634.804 personas.
De acuerdo con la entidad, el recorte también afectaría las garantías judiciales de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a la Jurisdicción, quienes reciben defensa técnica, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial, financiados con los recursos de inversión.
Además, la JEP advirtió que la reducción de $30.000 millones pondría en riesgo los esquemas de seguridad de víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios judiciales. Con los recursos disponibles, la entidad calcula que podría cubrir, en promedio, solo cuatro meses de medidas de protección.
La Jurisdicción también alertó sobre las consecuencias para la Unidad de Investigación y Acusación, que podría ver restringidas sus investigaciones en territorio, las actividades técnico-forenses y los análisis de riesgo.
Además, estaría en riesgo el seguimiento al cumplimiento de las sanciones propias impuestas y de las que se definan en los próximos meses.
Información de Colprensa.