El presidente Abelardo de la Espriella presentó este martes ante la Fiscalía General de la Nación un documento denominado ‘El libro de la verdad’, en el que su Gobierno recopiló más de 80 casos que considera posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
De la Espriella entregó el registro a la fiscal Luz Adriana Camargo, explicando que durante el cambio de Ejecutivo, “identificó irregularidades con el mal manejo de los recursos públicos. No me cabe señalar la responsabilidad penal de personal alguno; esa función le pertenece a la administración de justicia y al Ministerio Público. Mi obligación es la de entregar dicha información porque así se lo prometí en campaña”.
Durante la presentación, el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien estuvo al frente del equipo de empalme en materia de transparencia, explicó que los hallazgos identificados no corresponden únicamente a hechos aislados, señalando que habría presuntos patrones de comportamiento que consideran irregulares.
“La desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026. Agotaron en julio de 2026 el presupuesto asignado para todo el año para nuestros 3 millones de adultos mayores. No dejaron planes de contingencia al haber propuesto coberturas sin sustento financiero. Esto fue poner en riesgo a la población vulnerable y demuestra indolencia frente al que menos tiene”, aseveró Restrepo.
Seguido, el vicepresidente señaló presuntas irregularidades relacionadas con la Cancillería, entre ellas la celebración de cientos de contratos por alrededor de $83.000 millones antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías y modificaciones en los requisitos para ocupar determinados cargos en el servicio exterior.
“En paralelo, 8.500 millones en sedes temporales de apenas 90 a 120 días. El servicio exterior de la República convertido en botín de última obra. Estos cinco casos no son solamente una excepción. Son una muestra representativa, repito, de más de 80 casos incluidos en el libro de la verdad, de un patrón que se repitió una y otra vez”, añadió.
El vicepresidente insistió en que el propósito del informe es establecer qué ocurrió con los recursos públicos y determinar responsabilidades. “Y por eso, el equipo élite anticorrupción ya trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Y debo agradecer especialmente a la fiscal, al procurador y al contralor porque pudimos realizar interacciones con sus equipos de trabajo alrededor de muchos de estos temas que fuimos encontrando a lo largo del camino. Como lo dije, esta es solamente la punta del iceberg”.
Por su parte, De la Espriella afirmó que el país tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos durante el anterior Gobierno y quiénes pudieron estar involucrados en eventuales irregularidades.
“Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada; le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió. Hoy dejo en sus manos estos hallazgos que la justicia investigue que la verdad salga a la luz y que cada responsable responda por sus actos”, concluyó el jefe de Estado.