Una acción popular ante el Consejo de Estado para proteger los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, instauró el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, contra el gobierno de Gustavo Petro por considerar amenazados el patrimonio de la nación, al vender directamente, sin subasta pública, títulos de tesorería (TES) por US$6.000 millones (equivalentes a $23 billones) a un solo inversionista extranjero cuyo nombre no ha sido revelado.
Según De La Espriella, se trata de la operación de endeudamiento directo más grande en la historia reciente del país, realizada sin aplicar los estándares mínimos de publicidad, transparencia, libre competencia y selección objetiva que exige la Constitución y la ley para el manejo de los recursos públicos.
La acción popular va dirigida contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al considerar que la operación pone en grave e inminente riesgo el patrimonio de todos los colombianos y vulnera el principio constitucional de moralidad administrativa consagrado en los artículos 88 y 209 de la Constitución.
La demanda, que la presentó junto al abogado Germán Calderón España, indica que la suspensión debe ser inmediata de la venta de deuda a un solo inversionista extranjero, alegando violación a la moralidad administrativa y riesgo inminente para el patrimonio público.
Advierten además que la operación concentra un riesgo excesivo en un solo acreedor extranjero, compromete la estabilidad futura del mercado de deuda e hipoteca el futuro económico del país en pleno año preelectoral para atender necesidades políticas inmediatas.
“Esta acción no persigue intereses personales ni políticos. Es un acto de responsabilidad cívica para impedir un daño irreparable al patrimonio público y para evitar que la opacidad en el endeudamiento del país se convierta en una práctica normalizada”, insisten los dos abogados en la demanda.
El aspirante presidencial además consideró que Colombia no puede acostumbrarse a que los recursos de todos se manejen en secreto, sin control y sin explicaciones claras, al advertir que “el Estado está obligado a actuar con transparencia y respeto absoluto por el interés general, especialmente en momentos decisivos para la democracia”.
Señaló que la jurisprudencia ha sido contundente, “el patrimonio público no se reduce a un balance contable, sino que implica la gestión correcta, eficiente y transparente de los recursos del Estado; y la moralidad administrativa se afecta cuando el ejercicio de la función pública se aparta del interés general, favorece intereses particulares o se realiza sin criterios éticos como la buena fe, la honestidad y la transparencia”.