Los responsables de los problemas que hoy tenga Medellín son la alcaldía y el suspendido alcalde, Daniel Quintero.

No el periódico El Colombiano, que cumple con su deber de vigilar el comportamiento de los funcionarios y contratistas del municipio, denuncia sus procedimientos cuando son en contra de la ley y alerta acerca de los intereses políticos que tengan los integrantes de ese gobierno.

Ese es el ejercicio del derecho a informar que existe en una democracia y la obligación del periodismo, que no puede ser objeto de hostigamientos y persecución por quienes deben estar dispuestos al escrutinio público como responsables de sus actos de gobierno.

Por ello la alerta que ha lanzado la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, sobre las agresiones de que son objeto el diario antioqueño, su directora y periodistas, así como los obstáculos que desde la administración municipal se le ponen para acceder a la información.

Y ha hecho un llamado a “suspender esa práctica peligrosa, que podría desencadenar en actos de violencia física”.

Como lo anotó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, “en una democracia los periodistas y medios cumplen una función fiscalizadora de la administración pública, que puede estar sujeta a tensiones, pero no justifica campañas de descrédito desde el poder”.

Por esa razón hay que solidarizarse con El Colombiano y exigir el respeto al ejercicio libre y responsable del periodismo.