Las amenazas contra el Alcalde de cali y las autoridades que han actuado para desmantelar la enorme invasión que trató de consumarse en el Jarillón del Río Cauca, son el resultado de la impunidad y la tolerancia con una práctica que hace imposible tener una ciudad ordenada y segura.

Durante décadas, la ocupación ilegal de predios de propiedad pública o privada han sido la constante, promovida por organizaciones delincuenciales que encuentran en ello una fuente de riqueza.

O por dirigentes políticos que encuentran en esa actividad la forma de crecer sus seguidores y los votos que requieren para su elección.

En ambos casos, se trata de explotar las necesidades de la gente sin techo, de los inmigrantes, y de quienes buscan enriquecerse con ellas.

En todos los casos, los promotores de las invasiones que asfixian a Cali y ponen en riesgo a toda la ciudad encuentran en la tolerancia y la impunidad el impulso para continuar cometiendo delitos que deben ser judicializados para evitar males mayores y estafas contra los sectores más necesitados de la sociedad.

Por ello hay que respaldar las denuncias que anunció el Alcalde de Cali para que la justicia actué contra esos invasores y sus amenazas.

Ante la embestida de quienes están montando esas invasiones, es de esperar que las instituciones actúen en defensa del Estado Social de Derecho en Cali.