La reacción contra los operativos que desarrollan las autoridades para combatir el transporte ilegal no son más que intentos por imponer el negocio de quienes no pagan impuestos y no ofrecen seguridad para sus pasajeros.En los últimos tres días, la Secretaría de Tránsito de Cali inmovilizó 80 vehículos piratas, lo que desencadenó una protesta con la cual pretendieron paralizar a la ciudad. La obligación de las autoridades es impedir una actividad que no garantiza la seguridad de los pasajeros.Si bien existen unos vacíos que deben ser llenados por el MÍO y se debe garantizar el servicio para toda la población, la ciudad no puede permitir que la alternativa sea la ilegalidad.Nada más absurdo que recurrir a la excusa del derecho al trabajo cuando se ponen en riesgo la integridad o la vida de la gente y se desconocen las normas que cumplen los transportadores legales.