Como si el sistema de salud en Colombia no afrontara ya muchos problemas financieros y de funcionamiento, ahora la Fiscalía General de la Nación anunció lo que ha denominado “una red de corrupción depredadora” en su interior.

Se trata de un cartel conformado por exfuncionarios de la Superintendencia de Salud, trabajadores de la rama legislativa, ejecutiva y particulares, que exigían coimas a cambio de información privilegiada.

Según el Fiscal General, los involucrados habrían interferido en la toma de decisiones que favorecieron a empresas que debían vigilar en el uso de los recursos públicos y en la operación.

Además, informaban al mejor postor acerca de trámites de inspección y vigilancia que se harían a entidades promotoras de salud y cajas de compensación para que este les ofreciera sus servicios de asesoría.

Y lo que es peor, inflaban el número de afiliados a determinadas EPS, en varias zonas del país, para incrementar sus ingresos por compensación que otorga el Estado.

Mientras tanto, el déficit del sistema de salud supera los diez billones de pesos y muchos usuarios deben apelar a la tutela o enfrentan un viacrucis para que les brinden asistencia médica o les entreguen medicamentos.

Solucionar esos problemas será imposible mientras la ética y la prevalencia del bien común estén ausentes en quienes administran las entidades gubernamentales que deberían proteger los recursos de la salud y los intereses de los colombianos.