Atender y reparar a las miles de víctimas que ha dejado la violencia en Colombia durante más de 50 años es una tarea difícil, que requiere de voluntad, firmeza y más recursos.En eso hay que escuchar al Contralor General de la República, cuando pide que se replanteen las políticas actuales y se destinen los dineros que en verdad se necesitan para alcanzar ese objetivo.Pensar que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplirá su función a la vuelta de diez años, antes de que pierda vigencia en el año 2021, es utópico. Más si se tiene en cuenta que apenas se han devuelto a sus legítimos dueños 86.000 hectáreas de tierra, de las más de siete millones que fueron despojadas o forzadas a su abandono.No es poniendo fechas de caducidad como se resolverá la situación de las víctimas. Se hará cuando se conozca la verdad, se haga justicia y se les repare por el daño que se les ha ocasionado.