Otra vez ocurre en el Cauca: un grupo de indígenas ingresa a una propiedad privada, ataca sus bienes y agrede a sus trabajadores.

Y de nuevo no hay una respuesta definitiva de las autoridades para capturar y procesar judicialmente a quienes promueven tales actos violentos con el pretexto de que esas son las tierras de sus ancestros.

Los hechos ocurrieron en la hacienda Miraflores ubicada en la zona rural de Corinto.

Ahí llegaron integrantes de una organización indígena que se hace llamar ‘liberación de la madre tierra’, quienes inmovilizaron e incendiaron un camión que se dirigía a recoger a integrantes del Esmad de la Policía, y además secuestraron por varias horas a su conductor.

Esos son actos que se repiten cada vez con más frecuencia en el Cauca, desconocen el Estado de Derecho que rige en Colombia y son un desafío rampante para las autoridades y la Constitución.

La pregunta es por qué si se sabe quiénes son y dónde están, la Justicia no procesa a los autores de esas invasiones que se cometen contra esas propiedades y desconocen a sus legítimos dueños.

El Cauca no puede seguir siendo el escenario de desmanes que siembran discordia, quebrantan los principios del ordenamiento jurídico colombiano, desconocen los preceptos constitucionales y acaban con la tranquilidad de la región.
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