El hurto de celulares, que creció en un 9% en el primer semestre de este año en Cali, donde se han presentado 6646 casos, es un delito en apariencia menor que se está transformando en epidemia social porque golpea a cientos de personas cada día.

Con ello aumenta la sensación de inseguridad y se destruye la confianza en la capacidad de las autoridades, de la Policía y de los jueces para defender a los ciudadanos de los ladrones.

El que se cometa con tanta frecuencia y exista tanta impunidad, debido a la forma en que se maneja como si fuera un crimen de poca monta, es un estímulo para los atracadores.

Y exige que se hagan las reformas legales y administrativas que sean necesarias para contener un delito que atemoriza a los habitantes de Cali y de toda Colombia.

Más aún cuando se lleva a extremos como asesinar a la víctima por apoderarse de un celular, como ocurrió hace pocas semanas con una mujer en el oeste de Cali, casos que ocurren cada vez con más frecuencia.

Frente a esa situación el Estado debe enviar un mensaje claro contra los ladrones de celulares, las redes que compran y reciclan los aparatos robados, y las facilidades que existen para ‘blanquear’ lo que es producto de un crimen.

Para eso son la ley y el principio de autoridad.