No todos los días se ve que a un expresidente de la nación más poderosa del mundo le allanen su residencia privada.

El protagonista es Donald Trump, a quien las autoridades y la Justicia de los Estados Unidos le adelantan procesos por irregularidades cometidas como empresario, político y mandatario.

En Nueva York se investiga a la organización Trump por prácticas comerciales indebidas y por engañar a las autoridades fiscales sobre el valor de sus propiedades.

Mientras tanto en Georgia se escogió un jurado para indagar sobre las presiones que ejerció sobre funcionarios de ese Estado, incluido el gobernador, con el propósito de que “encontraran” los votos que le hacían falta para ganarle a Biden la presidencia de los Estados Unidos.

También se investiga su actuación como presidente en ejercicio durante el ataque al Capitolio  en Washington el 6 de enero de 2021, y de incitar a sus seguidores a la protesta por el supuesto robo electoral y no detenerla cuando se tornó violenta.

Ahora el allanamiento del FBI a su residencia en Mar-a-Lago estaría relacionado con el proceso que se le adelanta por extraer documentos oficiales y confidenciales de la Casa Blanca al concluir su mandato, que no ha devuelto.

Como todo lo que rodea a Trump, la polémica crece, tanto que el Fiscal General de los Estados Unidos salió ayer a rechazar los ataques contra el Departamento de Justicia y el FBI, a defender su actuación y a pedir a un Tribunal de la Florida que haga pública la orden que impartió.

Las consecuencias de los escándalos están por verse: si Trump se victimiza y sale fortalecido para las próximas elecciones o si pasar de expresidente a sospechoso se vuelve en su contra.