Los insultos, las humillaciones y las expresiones discriminatorias no tienen cabida en una ciudad que necesita avanzar hacia una convivencia basada en el respeto por las diferencias y la dignidad humana. Lo ocurrido el pasado 15 de noviembre, cuando la patrullera Jazli Tatiana Carabalí fue víctima de insultos racistas y expresiones ofensivas mientras cumplía sus funciones en un CAI del barrio Obrero, es un hecho que merece rechazo y una reflexión colectiva.
No se trata de un simple altercado ni de una discusión que pueda justificarse por un momento de intolerancia. Lo que quedó registrado en el video que circuló en redes sociales es una agresión verbal en la que se recurrió al racismo y a expresiones misóginas para intentar humillar a dos mujeres que estaban desempeñando su trabajo. Ninguna circunstancia, diferencia o inconformidad justifica que una persona recurra a este tipo de comportamientos. Mucho menos cuando se trata de expresiones que buscan descalificar a alguien por su color de piel o por su condición de mujer.
Es importante entender que la violencia no comienza necesariamente con un golpe. También se ejerce a través de las palabras, los señalamientos, las burlas y los insultos que buscan intimidar y menospreciar a otra persona. La agresión verbal también es violencia y no se le puede restar importancia bajo el argumento de que no hubo contacto físico. Las mujeres tienen derecho a desempeñar sus labores, transitar por las calles y ocupar cualquier espacio sin tener que soportar humillaciones, amenazas o expresiones discriminatorias.
El pronunciamiento de la patrullera Carabalí también merece destacarse. Después de lo ocurrido, agradeció las muestras de solidaridad y expresó su deseo de que situaciones como esta no vuelvan a repetirse con ningún integrante de la Fuerza Pública ni con ningún otro ciudadano. Su mensaje va más allá de su propia experiencia: nos recuerda que el respeto debe ser una garantía para todos, sin distinciones. Que una persona tenga una función de autoridad no significa que deba estar expuesta a insultos y agresiones, pero tampoco se trata de defender el respeto únicamente cuando la víctima lleva un uniforme. Se trata de reconocer que toda persona merece un trato digno.
Hay, además, un elemento que hace más preocupante este episodio: el señalado agresor tendría vínculos laborales con una entidad descentralizada de la Alcaldía de Cali. Según lo anunciado por la Administración Distrital, se ordenó su suspensión y el inicio de actuaciones disciplinarias y penales. Las autoridades deberán esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes, con todas las garantías del debido proceso. Sin embargo, quienes tienen algún vínculo con las instituciones públicas deben comprender que su comportamiento también compromete la confianza ciudadana.
Cali es una ciudad diversa, con una enorme riqueza cultural y una historia profundamente ligada a la población afrodescendiente. Por eso, resulta inadmisible que todavía se tenga que insistir en que el racismo no es una opinión, que la misoginia no es una forma válida de expresar inconformidad y que los insultos no son una herramienta para resolver diferencias. El respeto por los demás también es una forma de construir seguridad y ciudadanía.