Los incendios forestales que en las últimas semanas han golpeado al Valle del Cauca, desde la zona rural de Cali hasta Candelaria y, más recientemente, Yumbo, no pueden ser asumidos como simples emergencias propias de la temporada seca. Detrás de cada hectárea consumida hay un daño que puede tardar décadas en repararse y, según las autoridades ambientales, detrás de buena parte de estos incendios habría una acción deliberada. Si el fuego está siendo provocado de manera sistemática, estamos ante un problema que exige una respuesta igualmente sistemática del Estado.
Las cifras entregadas por el director de la CVC, Marco Antonio Suárez, son preocupantes: más de 50 incendios han afectado a 24 municipios y destruido más de 1000 hectáreas de ecosistemas estratégicos, entre ellas zonas especialmente sensibles del Páramo de Las Hermosas.
Resulta particularmente grave que estos incendios terminen arrasando procesos de recuperación ambiental que han requerido años de trabajo y cuantiosos recursos públicos. La CVC, por ejemplo, reporta la siembra de más de 13 millones de árboles en cuencas críticas. Cada incendio provocado no solo destruye vegetación: también significa perder parte de esa inversión y retroceder en la recuperación de las fuentes de agua y de los ecosistemas que sostienen la vida del departamento.
El Valle, además, cuenta hoy con herramientas que deberían permitir una reacción cada vez más rápida. Hay cámaras de vigilancia para detectar columnas de humo, brigadas forestales, apoyo a los cuerpos de bomberos y en Cali existe un helipuerto especializado que reduce de manera sustancial los tiempos de recarga del sistema utilizado para combatir los incendios desde el aire. Pero ninguna tecnología será suficiente si quienes están llamados a apagar las llamas no pueden siquiera ingresar a los territorios afectados. Las amenazas contra bomberos y brigadistas son una línea que no puede cruzarse. Proteger a quienes protegen nuestros bosques debe ser una prioridad de la Fuerza Pública y de todas las instituciones responsables de la seguridad.
Hay, por tanto, dos incendios que deben apagarse. El primero es el que vemos desde las ciudades, aquel que convierte los cerros en columnas de humo y amenaza viviendas, vías, fauna y fuentes hídricas. El segundo, menos visible pero igualmente peligroso, es el incendio institucional que se produce cuando los responsables quedan en la impunidad. Si existen capturas y procesos de judicialización, como ha señalado la autoridad ambiental, es necesario que las investigaciones avancen hasta establecer quiénes están detrás de estos hechos, por qué los provocan y qué intereses pueden estar relacionados con ellos.
No podemos acostumbrarnos a mirar los cerros arder. Tampoco podemos aceptar que cada temporada seca se convierta en una cuenta regresiva para nuestros bosques. La prevención debe comenzar mucho antes de que aparezca la primera columna de humo, con vigilancia permanente, presencia institucional en las zonas de mayor riesgo, coordinación entre municipios, cuerpos de socorro, autoridades ambientales y Fuerza Pública, y una investigación judicial que permita desarticular a quienes estén utilizando el fuego como instrumento para destruir el patrimonio ambiental del Valle.
El departamento ha invertido millones y ha sembrado millones de árboles para recuperar sus cuencas. No tiene sentido que ese esfuerzo termine convertido en cenizas por la acción de unos pocos. El Valle necesita cuidar lo que ha logrado recuperar y, sobre todo, entender que sus bosques, sus páramos, sus cerros y sus fuentes de agua no son un asunto secundario. Son parte de su futuro.
El fuego puede apagarse en unas horas. Recuperar un bosque puede tomar generaciones. Esa diferencia debería bastar para que el Valle no vuelva a mirar los incendios forestales como una emergencia más, sino como una amenaza que debe ser enfrentada con toda la capacidad ambiental, institucional y judicial del Estado.