Por loable que resulte cualquier campaña para proteger a las mujeres víctimas de amenazas o maltrato por parte de sus parejas o excompañeros, no habrá un resultado significativo si quienes forman parte de la ruta de atención no tienen la empatía suficiente con quienes se atreven a denunciar o si al terminar el trámite administrativo ya una mujer fue asesinada o gravemente herida.

Las cifras reveladas en la última edición de fin de semana del diario El País, en un informe sobre casos de víctimas de tentativas de feminicidio en la capital del Valle del Cauca son estremecedoras. Entre enero del 2020 y septiembre del 2026 fueron asesinadas en Cali 123 mujeres por razones de género, y 256 más resultaron heridas en ataques con arma blanca o arma de fuego.

Pero más preocupante aún es que la institucionalidad y el Estado siguen fallándoles a las mujeres víctimas. Solo en el 61 % de los casos han visto que su proceso termina en una condena y casi la mitad de estas agresiones o muertes siguen sin ser esclarecidas.

Los relatos de Natalia, Adriana y Evelyn dejan entrever que el modelo de atención sigue teniendo grietas en su punto crucial: la recepción de la demanda. Porque si bien es difícil para una mujer abusada dar el paso de ir a denunciar a su agresor, es insensato y hasta cruel que algún funcionario judicial le cuestione sobre si está segura del paso que va a dar.

Son justamente ese tipo de circunstancias, sumadas a las barreras psicológicas, sociales y de dependencia económica del victimario, las que llevan a que muchas mujeres se vean obligadas a callar, a dudar o a minimizar el peligro, ignorando que la próxima agresión puede ser la última.

Que entre enero del 2027 y lo corrido del 2026, hayan sido asesinadas por razones de género 7630 mujeres, según el Observatorio del Feminicidio en Colombia, lo que demuestra es que la estrategia en la última década ha sido insuficiente.

Lo del Valle del Cauca también es preocupante. Si bien muchas de las mujeres que han sobrevivido a los ataques de sus compañeros o exparejas destacan la atención y las iniciativas de ayuda que existen para ellas en Cali y el departamento, más del 10 % de los feminicidios en Colombia en la última década, 805, se han cometido en esta región del país.

La protección de las mujeres que están atravesando una relación tormentosa y que pone en riesgo su vida debe obedecer a acciones preventivas y no a reacciones posteriores con hechos consumados. Afortunadamente, Evelyn, Natalia y Adriana sobrevivieron a la crueldad de sus agresores, pero lo ideal habría sido que nunca hubiesen tenido que vivir el drama que las tuvo al borde de la muerte.

Llamar a las mujeres a romper el silencio exige ante todo un compromiso estructural: la capacitación de funcionarios con perspectiva de género, personal con empatía social para atender a las víctimas, verdaderas redes de apoyo y gente capacitada para identificar cuándo una mujer puede estar ante un riesgo.

Es descabellado, por decir lo menos, que un funcionario de Fiscalía o de Policía le proponga a una mujer la alternativa de pararse frente a su agresor a buscar una conciliación, el compromiso mediante una firma de no causarle más daño y que vuelva como si nada junto a su maltratador a la vivienda convertida para ella en escenario de ataques e insultos.

No puede seguir ocurriendo que lo más alarmante para la sociedad no sea la crueldad y la demencia de los feminicidas, sino la falta de preparación de la institucionalidad para sacar a las mujeres a un entorno seguro o el muro de impunidad que solo promueve el silencio de las víctimas.