Las recientes muertes de Yulitza Toloza y la enfermera de Puerto Tejada Nayeli Larrahondo, obligan a Colombia a hacerse una pregunta incómoda. No solo qué ocurrió dentro de las cínicas de garaje donde les practicaron supuestos procedimientos estéticos, sino qué ocurrió mucho antes para que unas mujeres sanas, con toda una vida por delante, llegaran a la conclusión de que sus cuerpos debían cambiarse.

La respuesta fácil es culpar exclusivamente a quienes realizan cirugías en establecimientos clandestinos, sin las condiciones mínimas de seguridad, o a las personas que llegan allí. Por supuesto, las autoridades deben perseguir y sancionar a estos sitios. Y no es tan difícil como dicen en las Secretarías de Salud: basta revisar el Marketplace de Facebook para identificar las decenas de establecimientos que ofrecen liposucciones a precios sospechosos, extrañamente baratos. Pero quedarse en esa tarea es insuficiente.

La tragedia de Yulitza y Nayeli revela un problema más profundo y menos visible: una sociedad que ha convertido el cuerpo, sobre todo el de la mujer, en un proyecto permanente de corrección. Una sociedad que insiste, de manera abierta o sutil, en que siempre falta algo. Que se está demasiado gorda o demasiado delgada. Que los senos deberían ser distintos. Que los glúteos deberían ser más grandes. Que la nariz debería cambiar. Que los hombros deberían ser más estrechos. Que el cuerpo correcto es siempre otro.

Esa presión tiene nombre. Los académicos la llaman violencia estética. No suele manifestarse mediante golpes o amenazas, aunque a veces pasa. Se expresa a través de comentarios familiares, burlas, comparaciones, publicidad, tendencias en redes sociales e ideales de belleza que se presentan como metas alcanzables. Es una violencia silenciosa que termina convenciendo a muchas personas de que sus cuerpos, aun siendo sanos, necesitan de una cirugía plástica.

Las consecuencias están a la vista. Cada año hombres y mujeres se someten a procedimientos innecesarios, algunos de ellos realizados en condiciones precarias. La tendencia de los hombres por ejemplo es incrustarse perlas en el pene, un procedimiento que puede ser riesgoso y con consecuencias a largo plazo. Muchos buscan una transformación física que promete resolver inseguridades, salvar relaciones sentimentales o alcanzar una aceptación social.

La responsabilidad no recae únicamente sobre quienes ofrecen estos servicios. También corresponde a las redes sociales que promueven estándares irreales de belleza; a una industria estética que, en ocasiones, convierte inseguridades humanas en oportunidades de negocio; y a una cultura que sigue evaluando el valor de las personas a partir de su apariencia física. Hacerse una cirugía plástica, en ciertos sectores, es símbolo de estatus.

Resulta preocupante que las principales víctimas de esta presión sigan siendo las mujeres.

Son ellas quienes reciben desde edades tempranas mensajes constantes sobre cómo deberían verse, cuánto deberían pesar o qué partes de su cuerpo deberían modificar. Por eso merece atención la discusión planteada por algunas expertas sobre la necesidad de entender estas muertes desde una perspectiva de género, considerar estos casos como feminicidios, y no únicamente como accidentes médicos aislados.

Nada de esto significa desconocer la autonomía individual ni demonizar la cirugía plástica. Miles de procedimientos se realizan cada año de manera segura y responsable, mejorando la calidad de vida de los pacientes. El problema aparece cuando la decisión de intervenir un cuerpo deja de responder a una necesidad médica o a una elección libre y comienza a estar determinada por la presión social.

La mejor herramienta para enfrentar esto no está en el quirófano. Está en la educación. En enseñar desde la familia, la escuela y los medios de comunicación que la dignidad de una persona no depende de sus medidas corporales. Porque la violencia estética no comienza en una sala de cirugía. Empieza mucho antes, en las palabras que repetimos.