Hay cosas que deberían ser normales y en Colombia se volvieron privilegio. Sacar el celular en la calle. Abrir un negocio sin pagar vacuna. Trabajar el campo sin temor al secuestro. Que una madre pueda acostarse sin mirar el reloj, esperando al hijo que no llega.

No son lujos. Es lo mínimo.

Y lo mínimo empieza por lo elemental: el Estado existe, ante todo, para proteger la vida, la libertad y los bienes de sus ciudadanos. Cuando falla en eso, falla en todo lo demás.

La Constitución reconoce derechos; la seguridad permite ejercerlos. ¿De qué sirve la libertad de empresa si el comerciante le entrega parte de lo que gana a una banda? ¿De qué sirve la propiedad si la familia no puede volver a su finca? ¿Qué libertad tiene el muchacho que deja de estudiar porque cruzar el barrio es jugarse la vida? Cuando el miedo decide, los derechos se quedan en el papel.

Esa lógica es la que hoy marca el rumbo del país. Desde el 7 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella puso la seguridad en el centro de su gobierno, y los primeros resultados empiezan a verse. En su primer mes fueron neutralizados 23 cabecillas de estructuras criminales. Un comerciante que llevaba once meses secuestrado volvió a su casa. El secuestro cayó 79 % frente a agosto del año pasado. No es el final de nada, pero es una señal: cuando el Estado decide ejercer su autoridad, el miedo empieza a cambiar de bando.

Ahora, ojo: defender la seguridad no es justificar el abuso. Es exigir policías profesionales, jueces independientes y autoridades sometidas a la ley. La autoridad sin límites termina en arbitrariedad. La ausencia de autoridad termina peor: en el imperio de quien tenga el arma.

Tampoco se trata solo de capturar. Hacen falta investigación eficaz, justicia oportuna, prevención y oportunidades para los jóvenes. Pero ninguna política social reemplaza el deber de enfrentar al crimen. El ciudadano necesita oportunidades para progresar y garantías para que nadie le arrebate lo que construyó.

Y aquí está lo que pocos dicen: la inseguridad no golpea a todos por igual. Quien tiene plata paga vigilancia, transporte privado o conjunto cerrado. El obrero que sale de madrugada, la mujer que vuelve de noche y el tendero de esquina no tienen más protección que la pública. Por eso la seguridad no es un asunto de ricos. Es un asunto de justicia.

La seguridad no le pertenece a ninguna corriente política. Es una obligación democrática que exige resultados, controles y respeto por los derechos humanos. Para quienes creemos en el orden jurídico, es además el punto de partida de la libertad.

Al final, todo se reduce a una pregunta: ¿podemos vivir sin miedo?

Ese debería ser el propósito de cualquier gobierno: que cada colombiano salga a trabajar, construya sus sueños y regrese tranquilo a casa.