Una de las gratas sorpresas de asumir las riendas de El País es que la responsabilidad viene acompañada de asientos en gremios y juntas directivas. El diario es accionista de Colprensa, forma parte del Grupo Nacional de Medios, reactivó su membresía en la AMI y participará este mes en la Asamblea General de la SIP en Bogotá. Pero ninguna de esas pertenencias nos conecta tanto con los retos y oportunidades del Valle como el Consejo Fundacional de ProPacífico.

ProPacífico nació en 1969 como la FDI, la fundación con la que el empresariado vallecaucano incubó empresas como la Bolsa de Occidente, Telepacífico y la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Tras años dormida, resurgió en 2015 con mirada de región Pacífico y el mismo propósito: que el sector privado, además de generar empleo y pagar impuestos, aporte al desarrollo de su territorio. La semana pasada sesionó su Consejo Fundacional.

Esta vez nos visitó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, acompañado de Carlos Alonso Lucio, a cargo de la agenda de conflictividad del Gobierno. Estos espacios permiten interactuar con quienes diseñan y ejecutan las políticas que impactan a la región. Todo empresario sabe que el mayor arte de las finanzas es estimar la tasa de descuento, y para valorar flujos de caja a futuro cualquier lectura de primera mano es valiosa.

El ministro se refirió a un tema que ya traté en esta columna: la descentralización. Dijo que este Gobierno quiere ser el más descentralizador desde la Constitución de 1991. Cuando el presidente De la Espriella anunció sedes alternas en Barranquilla, Cali y Medellín, lo vi con buenos ojos por la visibilidad que le dan a las regiones en la agenda del Ejecutivo, pero precisé que para la descentralización real se hace necesario hablar de la transferencia de competencias y recursos. Sin eso, al ejercicio le faltan dientes. Por eso me dio claridad que hablara del proyecto de ley de experimentación territorial.

El proyecto busca escoger unos territorios piloto, entre los cuales estaría Cali, transferirles por hasta ocho años competencias administrativas y financieras, y evaluar los resultados. El enfoque es sensato. Muchos experimentos de descentralización fracasan porque, al transferir competencias, se pierden eficiencias. Probar y medir es más responsable que un despliegue nacional que termine en caos y despilfarro. El ministro puso de ejemplo al Sena: la realidad económica del Valle no es la de la Costa ni la del Eje Cafetero. ¿Quién mejor que los territorios, que conocen su tejido empresarial, para formar a quienes lo harán crecer? Con presupuesto, esa formación podría catalizar la reconstrucción del Valle. Hay algo de Adam Smith en esto: la especialización de cada quien enriquece al conjunto.

Quedan preguntas, que estoy seguro se responderán cuando el proyecto llegue al Congreso. Hay quienes advierten que una ley para pocos territorios no sustituye la ley de competencias, de la que depende el aumento de las transferencias a las regiones. Y a esta región le toca otra: si Cali entra al piloto, ¿tiene capacidad de ejecución para salir bien evaluada?

En el Consejo también se habló del Fondo Milagro, del diálogo con las comunidades indígenas, del Fonsecon y del Plan de Ordenamiento Territorial. Enhorabuena a María Isabel Ulloa, su directora ejecutiva, a su equipo y a su Consejo Directivo por sostener estos espacios. Desde El País seguiremos el proyecto, convencidos de que las regiones que trabajan por su propio desarrollo contribuyen al del país.